Comparecen en el Congreso funcionarios estatales por Paquete Fiscal estatal 2021

En el marco del estudio del Paquete Fiscal estatal para el ejercicio 2021, en la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, comparecieron funcionarios del gabinete del Gobierno del Estado para desahogar dudas de las diputadas y los diputados sobre las iniciativas respectivas.

Para ello, estuvieron presentes la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra; la Secretaria de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya; el director de la Agencia de Administración Fiscal (AAFY), Juan Carlos Rosel Flores; y el director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial (INSEJUPY), Heide Zetina Rodríguez.

En su exposición, la Secretaria de Gobierno estatal indicó que durante la actual pandemia del Covid-19 se tuvieron que erogar mil 900 millones de pesos que no fueron contemplados para este año y por el contrario, no ingresaron a las arcas estatales por conceptos de impuestos y derechos dos mil millones de pesos.

No obstante, aclaró que para 2021 “no se contemplan nuevos impuestos y solo están consideradas actualizaciones y ajustes en derechos por nuevos servicios que se prestarán”.

Fritz Sierra, manifestó que el Ejecutivo estatal ha preparado la iniciativa proyectando el presupuesto como una respuesta adecuada con los recursos disponibles a la realidad del año venidero, “lo asumimos como desafío y oportunidad para demostrar de qué estamos hechos”.

Recalcó, que el deseo de cualquier gobernante es atender las necesidades de la gente a la que sirve, pero en tiempos de escases es preciso elegir lo más urgente y lo indispensable, “no es tiempo de caer bien sino de hacer las cosas bien”.

En seguida, la titular de la SAF recordó que los recursos de libre disposición se han reducido 5,933 millones de pesos entre los proyectos presupuestales de 2018 a 2021, mientras que, con el plan de austeridad, la actual administración ha reducido mil 900 millones de pesos en sus gastos.

Asimismo, detalló que en 2021 se pretende recaudar 4,679 millones de pesos menos en comparación con el año en curso, es decir un 10.9% menos; sin considerar venta de bienes y servicios, ni el programa Yucatán Seguro, el gasto no etiquetado se redujo en 2,237 millones de pesos reales, de este monto el Poder Ejecutivo estatal tuvo que absorber una reducción de 2,433 millones de pesos.

“Para brindarle más al IEPAC por ser año electoral, con la eliminación de partidas de gasto no esenciales, la reducción de partidas a su mínima expresión para la operación en servicios básicos y materiales y suministros esenciales, así como la suficiente asignación de recursos para los programas prioritarios para 2021 de la red de protección social”, agregó.

En el tema de cultura, la funcionaria estatal declaró que la reducción a este rubro “no es por falta de interés público, sino por la falta de recursos”, sin embargo, comparó que el gasto en 2018 fue de 2.57% del total del presupuesto estatal y para el 2021 es el 4.4%.

El director de la AAFY, afirmó que se estiman 2,015 millones de pesos menos para el cierre de este año, que representa una caída del 40% de los ingresos propios del estado, resultado del impacto por la pandemia del Coronavirus, la disminución del Producto Interno Bruto y las consecuencias de los fenómenos meteorológicos en Yucatán.

Al responder las dudas de las y los legisladores, Rosel Flores informó que 76 mil vehículos hicieron su cambio de placas en este año y se espera que para 2021 se recauden 64 millones de pesos por ese concepto por las operaciones normales de la Secretaría de Seguridad Pública y los autos nuevos.

Al abordar las reformas para el fortalecimiento de la seguridad jurídica patrimonial en el Estado, mediante la revisión de avalúos comerciales, el titular del INSEJUPY aseveró que son parte de un plan integral de apoyo a la certeza jurídica, ya que se han hecho modificaciones de criterios, sistemas y procedimientos que reducen probabilidad de fraudes, y se ha contado con un diálogo constante con actores de la actividad inmobiliaria.

Agregó que los usos y costumbres del mercado, así como la falta de controles en operaciones presentan riesgos como el lavado de dinero, la inseguridad patrimonial, bajo costo de compensación en fraudes inmobiliarios, riesgo patrimonial, al igual que una desventaja comercial.

Para finalizar, el presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca, agradeció la disposición de los funcionarios estatales, así como la participación de las y los diputados.