Comunidades mayas denuncian un año sin respuestas sobre contaminación de granjas porcícolas en Yucatán
A un año de haber presentado una denuncia ante las autoridades federales, comunidades mayas de Yucatán aseguran que todavía no reciben información suficiente sobre los resultados de las inspecciones realizadas a diversas granjas porcícolas, así como de las posibles sanciones y medidas para reparar los daños ambientales relacionados con estas instalaciones.
Representantes de localidades como Chocholá, Kinchil, Santa María Chí, Dzununcán y Maxcanú, integrantes de la Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’oné Ja’o’on, conocida también como Somos Agua, manifestaron su preocupación por la falta de avances visibles en las investigaciones relacionadas con posibles afectaciones al agua, al suelo y a los territorios donde habitan.
De acuerdo con los habitantes, dependencias federales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) todavía tienen pendientes diversos procedimientos administrativos relacionados con las denuncias presentadas. Las comunidades buscan conocer qué irregularidades fueron detectadas, cuáles fueron las sanciones impuestas y si las empresas involucradas han cumplido con las medidas correspondientes.
Entre las instalaciones señaladas se encuentran las granjas GARY 5 y 6, ubicadas en Chocholá; MOBA, en la localidad de San Fernando, Maxcanú; y seis complejos porcícolas de Kekén, situados en zonas cercanas a Kinchil y Celestún. Según la organización, algunos expedientes cuentan con antecedentes de inspecciones, multas y clausuras temporales, aunque consideran que estas acciones no han sido suficientes para garantizar la protección ambiental.
Durante junio de 2026, la Profepa llevó a cabo nuevas inspecciones en las instalaciones de GARY y MOBA. Sin embargo, hasta el momento en que las comunidades hicieron público su reclamo, los resultados de esas revisiones no habían sido difundidos, lo que aumentó la preocupación de los habitantes sobre las posibles consecuencias de la actividad porcícola en la región.
Otro de los puntos cuestionados es la participación de las comunidades en las decisiones relacionadas con el sector. La Red denunció que la Profepa sostuvo reuniones con representantes empresariales y autoridades ambientales estatales sin incluir a los pueblos que consideran afectados. De esos encuentros surgió un convenio para transferir al Gobierno de Yucatán determinadas atribuciones sobre la autorización y vigilancia ambiental de las unidades de producción porcícola.
La organización señaló que dicho acuerdo se realizó sin consultar previamente a las comunidades, motivo por el cual fue impugnado mediante un juicio de amparo. De acuerdo con la documentación difundida por la Red, una jueza federal concedió una suspensión definitiva, por lo que el conflicto también involucra el derecho de los pueblos a participar en las decisiones que pueden afectar sus territorios.
En Santa María Chí, los habitantes también solicitan información sobre las consecuencias ambientales de la operación de la granja Santa María, conocida como San Gerardo, que fue clausurada. A pesar de su cierre, la comunidad continúa esperando un estudio que permita determinar el alcance de los posibles daños y establecer las acciones necesarias para reparar las afectaciones.
A esta situación se suma la preocupación por el traslado de miles de cerdos, reportado durante septiembre, hacia instalaciones ubicadas en Tebacal y San Antonio Tzacalá, aproximadamente a 15 kilómetros de Molas. Según la Red, estas unidades estarían relacionadas con la misma empresa que operaba la granja clausurada, por lo que solicitaron verificar que cumplan con las disposiciones ambientales correspondientes.
La cercanía de estas instalaciones con la Reserva Ecológica Cuxtal también genera inquietud, debido a la importancia de esta zona para el abastecimiento de agua de Mérida. Las comunidades consideran necesario evitar que las posibles afectaciones ambientales se trasladen de una localidad a otra sin que existan medidas adecuadas de prevención y vigilancia.
Asimismo, los representantes comunitarios solicitaron investigar la muerte de peces registrada en una laguna situada entre Kinchil y Maxcanú, con el objetivo de identificar sus causas y determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con actividades productivas de la zona.
Las preocupaciones sobre la calidad del agua cobraron mayor relevancia después de que Greenpeace México presentara un estudio realizado en agosto de 2026, en el que analizó 17 pozos y cenotes de distintas localidades de Yucatán. Los resultados identificaron contaminación bacteriológica y química en diferentes niveles, además de concentraciones elevadas de nitratos, fósforo, sólidos suspendidos y coliformes. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de investigar las fuentes de contaminación, aunque por sí solos no determinan la responsabilidad de una instalación específica.
Ante este panorama, las comunidades mayas insistieron en la necesidad de realizar monitoreos periódicos e independientes en pozos, cenotes y otras fuentes de abastecimiento, con la participación de los propios habitantes. También solicitaron que las autoridades publiquen los resultados de las inspecciones, informen sobre las sanciones aplicadas y establezcan medidas concretas para proteger los recursos naturales de la región.
Para los pueblos involucrados, la principal preocupación no es únicamente conocer el estado de los procedimientos administrativos, sino garantizar que las denuncias presentadas se traduzcan en acciones efectivas para prevenir nuevas afectaciones, reparar los posibles daños ambientales y proteger el agua de las comunidades yucatecas.