Conflicto entre volqueteros en Quintana Roo escala a denuncia por intento de homicidio
Un conflicto entre organizaciones de transportistas por la distribución de trabajos de acarreo en el sur de Quintana Roo derivó en una denuncia por presunta tentativa de homicidio y provocó la movilización de seis agrupaciones sindicales, cuyos integrantes acudieron este jueves 15 de octubre a las oficinas del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) para exigir la intervención de las autoridades.
La controversia se originó el pasado martes 13 de octubre en las inmediaciones del parque industrial de Huay Pix, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco, donde dos organizaciones sindicales mantenían diferencias por la asignación de servicios de transporte de material asfáltico.
De acuerdo con la información difundida por el medio Por Esto!, durante la disputa, una de las agrupaciones bloqueó durante varias horas los accesos al complejo industrial, situación que incrementó las tensiones entre los transportistas y terminó en un presunto episodio de violencia.
Antonio González Notario, secretario general del sindicato Caja Roja, denunció que estuvo a punto de ser atropellado por un camión de volteo mientras permanecía en la entrada principal del recinto para impedir el ingreso de vehículos.
Según su testimonio, la unidad avanzó directamente hacia él, por lo que tuvo que sujetarse de la parte frontal del vehículo para evitar ser arrollado. Sin embargo, aseguró que fue arrastrado varios metros ante la presencia de numerosas personas que se encontraban en el lugar.
Tras lo ocurrido, el dirigente sindical presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Homicidio, correspondiente al Distrito Zona Sur, por hechos que podrían constituir el delito de tentativa de homicidio.
En su declaración, González Notario señaló como presunto responsable a Omar N., representante del sindicato C.R.O.M., a quien atribuyó la conducción del camión involucrado en el incidente.

La denuncia quedó registrada bajo el número de caso FGE/QROO/OPB/15596/2026, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales investigar los acontecimientos, esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si existen responsabilidades penales.
Ante estos hechos, integrantes de seis agrupaciones de transportistas, identificadas como Caja Azul, Untrac, Contramex, ejido Juan Sarabia, Caja Blanca y Caja Roja, se presentaron en las instalaciones del IMOVEQROO para solicitar medidas que permitan evitar nuevos enfrentamientos.
Entre sus principales exigencias se encuentra la investigación de la presunta agresión, así como la suspensión o cancelación de la concesión y de la licencia de servicio público de la persona señalada, siempre que las autoridades correspondientes determinen la procedencia de dichas medidas.
Los representantes sindicales también solicitaron establecer acuerdos formales y por escrito para regular la distribución de los trabajos de acarreo entre los distintos municipios del sur de Quintana Roo.
Argumentaron que la falta de reglas claras para asignar estos servicios ha provocado constantes desacuerdos entre las organizaciones, generando un ambiente de confrontación que podría agravarse si no existe una intervención institucional.
Asimismo, los manifestantes denunciaron que una familia dedicada al transporte de materiales, establecida en la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de Bacalar, ha protagonizado diversos altercados con integrantes de las agrupaciones presentes. De acuerdo con sus declaraciones, algunos de estos enfrentamientos habrían alcanzado niveles de gravedad similares al incidente ocurrido en Huay Pix.
Los sindicatos advirtieron que la ausencia de convenios legalmente respaldados ha contribuido a mantener las diferencias con la organización C.R.O.M., por lo que consideran indispensable establecer mecanismos de coordinación que garanticen una distribución ordenada de los trabajos.
Por el momento, las agrupaciones esperan que el Instituto de Movilidad convoque a una mesa de diálogo en la que puedan participar las partes involucradas y se definan compromisos para prevenir nuevos conflictos.
Mientras tanto, la denuncia por presunta tentativa de homicidio permanece sujeta a las investigaciones correspondientes, sin que hasta ahora se haya establecido judicialmente la responsabilidad de la persona señalada.
El caso ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre los sindicatos de transportistas del sur de Quintana Roo, donde la competencia por los servicios de acarreo ha trascendido las diferencias laborales y derivado en señalamientos de posibles delitos.