Congreso de Quintana Roo analiza reforma sobre salud integral y penas más duras por ciberacoso
Las iniciativas plantean aumentar hasta en una mitad las penas por acoso sexual cometido mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería.
El Congreso de Quintana Roo inició el 21 de septiembre de 2026 el análisis de dos iniciativas que buscan reconocer constitucionalmente la salud integral y endurecer las sanciones por acoso sexual cometido a través de medios digitales.
Las propuestas afectan directamente el marco de protección de derechos en el estado: una amplía la definición de salud en la Constitución local para incluir el bienestar mental y emocional, mientras la otra endurece el Código Penal frente a conductas de acoso que se cometen por internet, cada vez más frecuentes entre la población.
Durante la sesión ordinaria número 5 de la XVIII Legislatura se dio lectura a ambos proyectos, presentados por distintos grupos de legisladores, por lo que ahora deberán seguir el proceso legislativo antes de determinar si avanzan hacia su dictaminación y eventual aprobación.
La primera iniciativa, impulsada por el diputado José María Chacón Chablé y la diputada Jennifer Paulina Rubio Tello, propone reformar el párrafo décimo del artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo para establecer expresamente el derecho de toda persona a la protección de la salud integral, entendida como bienestar físico, mental y emocional, con el fin de atender desde el marco constitucional retos como la ansiedad y la depresión.
La segunda iniciativa, promovida por las diputadas Paola Moreno Córdova y Jimena Lasa, junto con el diputado Jorge Sanén, plantea reformar y adicionar el artículo 130 Bis del Código Penal del Estado para aumentar hasta en una mitad la pena cuando el acoso sexual se cometa mediante tecnologías de la información, redes sociales o aplicaciones de mensajería.
El proyecto contra el ciberacoso incluye además la destitución e inhabilitación permanente para servidores públicos o docentes reincidentes en estas conductas, así como medidas inmediatas de protección para las víctimas que buscan evitar contacto o intimidación durante la investigación.
Ambas iniciativas continuarán su trámite en las comisiones correspondientes del Congreso estatal, donde legisladores definirán si se dictaminan y en qué términos podrían someterse a votación en el pleno.