Constitución de Yucatán reconocerá derechos de personas con discapacidad con modelo social

Especial / La Revista

Bajo la premisa de “nada de nosotros, sin nosotros”, la Fracción Legislativa del PRI presentó una iniciativa para que se reconozca en la Constitución de Yucatán los derechos de las personas con discapacidad en toda política y acción pública, respetando su autonomía, independencia y capacidad jurídica en forma transversal.

El coordinador de la bancada priísta, Gaspar Quintal Parra, señaló que de esta manera se aplicará el modelo social de los derechos de este sector, observando los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables de todo tipo de discapacidad.

Desde la Tribuna del Congreso del Estado, recalcó que en el PRI proponen un sistema de gobernanza que incluya a todas y a todos, impulsando la eficacia de los derechos de las personas y poniendo mayor énfasis en quienes viven con alguna discapacidad.

“Pugnamos por eliminar obstáculos o barreras que impidan el disfrute pleno de los derechos humanos, siempre firmes en la inclusión y la accesibilidad, generando una mayor participación en las decisiones públicas; sobre todo, en la prestación de los servicios públicos, en su atención y trato digno”, enfatizó.

El diputado recordó que actualmente la Constitución local prohíbe la discriminación en razón de discapacidad y que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de protección y asistencia especial del Estado, a través de instituciones, instalaciones y servicios para su cuidado, así como programas sociales que garanticen el disfrute de una vida plena.

Sin embargo, lamentablemente continúa con una visión paternalista y asistencialista apegada al modelo médico de atención para personas con discapacidad, encerrándolas en estereotipos que limitan el ejercicio de sus derechos. Por tal razón, Gaspar Quintal sostuvo que es necesaria una visión transversal que de forma institucional pondere una accesibilidad plena y una inclusión real en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, siendo esto posible a través del máximo ordenamiento de nuestra entidad, que es la Constitución.

Dijo que el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad dentro de la norma suprema local, representará la forma en que se concibe la democracia y que debe reflejarse para todas las personas sin excepción.

“La construcción de una sociedad inclusiva como mandato supremo de la Constitución local, obligará a las autoridades públicas a garantizar sus derechos, y a promover su participación, por lo cual esta y todas las iniciativas deberán ser consultadas, para que nuestro Estado continúe a la vanguardia, siendo el lugar que siempre busca mejorar la vida de quienes tenemos el privilegio de llamarlo nuestro hogar”, finalizó.

Hacen llamado a los Ayuntamientos

Por unanimidad, los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron la propuesta de acuerdo solicitada por la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, donde se hace un llamado a los ayuntamientos que a la fecha no han instalado sus Órganos de Control Interno, para que lo realicen y den cumplimiento a lo establecido en la base séptima del artículo 77 de la Constitución Política del Estado y para que consideren en su presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, los recursos para la creación y funcionamiento de los órganos e informar a esta Soberanía su determinación.

Esta propuesta contiene otro exhorto para que los ayuntamientos en el ámbito de su competencia informen el nombre, dirección y correo electrónico de las personas que fungen como asesores municipales actualmente.

Al hacer uso de la palabra, el diputado del PAN Erik Rihani González, explicó que desde el plazo vencido para que los ayuntamientos instalen sus Órganos de Control Interno, han transcurrido 162 días en los que algunos no han cumplido con esta obligación, llevándolos a un desacato a la Constitución local. “Estamos a menos de un mes del vencimiento del término para que las comunas presenten su paquete fiscal municipal, por lo que cuentan con tiempo suficiente para que en la próxima planeación contemplen el monto suficiente para la creación de estos órganos”, dijo.

En su discurso, hizo un reconocimiento al diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, pues en la comisión propuso que se integre un segundo punto para que los municipios remitieran a esta Soberanía los datos de quienes actualmente fungen como asesores municipales, esto como un ejercicio de corresponsabilidad y apoyo al fortalecimiento de la administración municipal.

“Proponemos que esta Soberanía realice un atento llamado a los Ayuntamientos del Estado que aún no han cumplido con dichas normas, para que a la brevedad posible subsanen estas inconsistencias y tomen las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento”, apuntó.

En los asuntos generales, la diputada de Acción Nacional Carmen González Martín, presentó una iniciativa para adicionar el primer párrafo del artículo 6, se reforme el primer párrafo del artículo 7, las fracciones Primera y Décimo tercera del artículo 22 y la fracción Quinta del artículo 28 de la Ley de Víctimas del Estado de Yucatán, cuyo fin es brindar asistencia oportuna y especializada a las víctimas vulnerables, garantizando la incorporación de traductores e intérpretes que atiendan las comunidades indígenas y garanticen este servicio en diferentes instituciones.

“Se hace necesario mencionar y referir nuevamente que está iniciativa busca armonizar nuestra Ley de Víctimas del Estado de Yucatán a la Ley General de Víctimas, es por lo anterior, que se advierte una clara necesidad para dar cumplimiento al mandato en comento, a efecto de atender las necesidades específicas, en materia de acceso a la justicia”, agregó.

A esta iniciativa se sumaron los diputados de Acción Nacional, Erik Rihani González y Manuela Cocom Bolio.

Por su parte, la diputada Dafne López Osorio (PAN), expresó ante los diputados sobre la firma de convenio celebrada con la UNICEF, cuyo fin se centra en beneficiar y enriquecer los ordenamientos jurídicos en materia de bienestar de la niñez y adolescencia, para garantizar el derecho al disfrute del más alto nivel de salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

“Porque las niñas y niños y sus familias no deben de ser vistos como grupos con posibilidad de perpetuar un acto de interferencia ilícita, como hoy se les ve desde el Gobierno Federal, sino que deben ser vistos como la más bella poesía y actuar para protegerlos, proveerlos y cuidarlos como lo que son: Nuestro más preciado tesoro y la esperanza presente de un futuro mejor para todas y todos”, dijo.