Cornell respalda reforma a ley de delitos sexuales en Nueva York tras polémico caso de presunta violación grupal
La Universidad de Cornell manifestó su respaldo a posibles modificaciones a las leyes de delitos sexuales de Nueva York, luego de que el caso de una presunta violación grupal ocurrida en 2024 dentro de una fraternidad de la institución reavivara el debate sobre la manera en que la legislación estatal aborda el consentimiento cuando una persona se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas.
El caso involucra a una joven identificada públicamente como Jane Doe, quien sostiene que fue drogada y agredida sexualmente por varios integrantes de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024. Las acusaciones forman parte de una demanda civil presentada en septiembre de 2026 y actualmente también son objeto de una investigación penal.
De acuerdo con Reuters, legisladores y defensores de víctimas han señalado que la legislación vigente en Nueva York presenta limitaciones para procesar determinados casos en los que una persona se encuentra demasiado intoxicada para dar su consentimiento, particularmente cuando el consumo de alcohol o sustancias ocurrió de manera voluntaria.
La legislación estatal contempla protecciones específicas para una persona considerada mentalmente incapacitada debido a la administración de sustancias sin su consentimiento. Sin embargo, el caso de Cornell ha generado llamados para ampliar esas disposiciones y considerar situaciones en las que el acusado sabía, o razonablemente debía saber, que la otra persona no estaba en condiciones de consentir debido a su nivel de intoxicación.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también se ha pronunciado a favor de revisar las normas actuales. La mandataria señaló que, pese a que el estado cuenta con leyes para combatir las agresiones sexuales en los campus universitarios, existe margen para fortalecer las protecciones a las víctimas.
La polémica aumentó después de que salieran a la luz nuevos detalles sobre la investigación original. La fiscalía del condado de Tompkins había decidido inicialmente no presentar cargos penales, argumentando que no existían pruebas suficientes para proceder. Sin embargo, el fiscal Matthew Van Houten posteriormente reconoció que algunos elementos del testimonio de la joven no habían llegado a su oficina de la forma en que posteriormente fueron revelados.
Ante la controversia, Hochul designó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como fiscal especial para hacerse cargo de la investigación. James encabezará la revisión del caso después de que la gobernadora cuestionara la actuación de las autoridades responsables de atender inicialmente la denuncia.
Cornell, por su parte, acordó contratar a un abogado externo para realizar una revisión independiente de la forma en que la universidad manejó el caso. La institución previamente llevó a cabo un proceso disciplinario interno que derivó en la expulsión de dos estudiantes y otras sanciones, además del cierre de la fraternidad involucrada.
Hasta el momento, las acusaciones contenidas en la demanda civil no equivalen a una determinación de responsabilidad penal. Los señalados han negado haber cometido delitos y la investigación continúa abierta.
El caso ha trascendido el campus de Cornell y se ha convertido en parte de una discusión más amplia en Nueva York sobre cómo definir legalmente el consentimiento y qué protección debe existir cuando una persona se encuentra incapacitada por alcohol u otras sustancias.
Legisladores estatales ya han planteado modificaciones para eliminar lo que consideran un vacío en la legislación vigente. De prosperar la reforma, la capacidad de una persona para consentir tendría mayor relevancia independientemente de si la intoxicación fue voluntaria o involuntaria, un cambio que podría modificar la manera en que futuras denuncias de agresión sexual son investigadas y procesadas en el estado.