Crisis en la ENES Mérida: académicos denuncian presunto hostigamiento y exigen intervención de la UNAM
La Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida enfrenta una nueva controversia institucional luego de que integrantes de su comunidad académica, administrativa y personal de confianza solicitaran la intervención de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ante presuntos actos de hostigamiento, falta de transparencia y dificultades para establecer espacios de diálogo con las autoridades del plantel.
A través de una carta abierta fechada el pasado 7 de octubre y dirigida al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, los firmantes expresaron su preocupación por el ambiente laboral y académico que, aseguran, se ha deteriorado durante los últimos meses. En el documento solicitan una revisión integral de la administración encabezada por Edgar Torres Irineo, quien asumió la Dirección de la institución en febrero de 2026 para el periodo 2026-2030.
De acuerdo con los señalamientos difundidos, uno de los principales problemas es el temor que presuntamente existe entre algunos integrantes de la comunidad para expresar desacuerdos con las decisiones administrativas. Los inconformes sostienen que cuestionar determinadas medidas podría tener consecuencias en procesos de contratación, renovación de plazas, concursos académicos y oportunidades de promoción profesional.
La situación también habría generado diferencias entre trabajadores administrativos y personal de confianza. Según los denunciantes, se han presentado episodios de trato desigual y posibles conductas de hostigamiento, particularmente hacia empleados relacionados con la administración anterior.
Otro de los aspectos que preocupa a la comunidad universitaria es la gestión de diversos procedimientos académicos y administrativos. Los firmantes reportan retrasos en trámites de titulación, dificultades para conformar jurados, solicitudes institucionales sin respuesta y decisiones relacionadas con adscripciones y renovaciones de personal que, a su consideración, no han contado con suficiente discusión entre los órganos colegiados.
Estas inconformidades se suman a los cuestionamientos sobre los mecanismos de comunicación entre la Dirección y el Claustro del Personal Académico. De acuerdo con la carta, este último solicitó en distintas ocasiones reuniones para abordar asuntos relacionados con acreditaciones, funcionamiento de comités, representación ante el Consejo Técnico y promoción de las licenciaturas, sin que dichos encuentros llegaran a concretarse.
Uno de los episodios que los inconformes consideran especialmente preocupante ocurrió el 11 de septiembre, cuando la coordinadora del Claustro fue convocada a una reunión con el director y representantes de la Oficina Jurídica para explicar el origen de los cuestionamientos formulados colectivamente. Los autores del pronunciamiento describieron ese encuentro como intimidatorio, al considerar que podría desalentar la participación crítica dentro de la institución.
La controversia también alcanza al funcionamiento del Consejo Técnico, una de las principales autoridades de la escuela. Aunque los denunciantes cuestionan la disponibilidad de información sobre sus decisiones, existen registros institucionales de acuerdos correspondientes a sesiones celebradas durante 2026, por lo que será necesario esclarecer las diferencias entre los señalamientos y la documentación publicada.
Sin embargo, una de las acusaciones de mayor gravedad se relaciona con un incidente ocurrido presuntamente el 2 de octubre, durante la transferencia de las áreas de Titulación, Servicio Social y Prácticas Profesionales.
Según los testimonios recogidos en la carta, durante este procedimiento se habría producido una confrontación con el responsable de una de las áreas involucradas, acompañada de gritos, forcejeos y presuntos actos de intimidación en los que habrían participado autoridades del plantel. Ante ello, los firmantes solicitaron que los hechos sean investigados y que se determinen las responsabilidades correspondientes.
El conflicto se desarrolla en un contexto en el que la ENES Mérida ya había enfrentado cuestionamientos relacionados con sus procesos académicos. Durante agosto, aspirantes manifestaron su inconformidad después de ser convocados a presentar un examen presencial de control en la Ciudad de México, tras detectarse irregularidades en el proceso de admisión en línea.
Los estudiantes señalaron entonces que trasladarse a la capital representaba una carga económica considerable para muchas familias. Aunque la institución informó que buscaba gestionar vuelos para quienes necesitaran viajar, también reconoció que los recursos para cubrir esos traslados todavía no estaban garantizados.
Ante el conjunto de situaciones denunciadas, los integrantes de la comunidad universitaria solicitaron la participación de la Rectoría, la Secretaría General, la Oficina de la Abogacía General y la Defensoría de los Derechos Universitarios, entre otras instancias competentes.
Su petición contempla una evaluación de la conducción administrativa y académica de la escuela, así como entrevistas directas con trabajadores y profesores para conocer las condiciones internas del plantel. También consideran indispensable que cualquier procedimiento garantice la protección de quienes proporcionen testimonios, con el propósito de evitar posibles represalias.
El caso representa un desafío para la administración de la ENES Mérida, particularmente porque los señalamientos contrastan con los compromisos de diálogo, respeto y participación universitaria planteados al inicio de la actual gestión.
Por el momento, las acusaciones corresponden a señalamientos formulados por integrantes de la comunidad y requieren una investigación institucional que permita corroborar los hechos, escuchar a las partes involucradas y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
La atención ahora se concentra en la respuesta que pueda ofrecer la UNAM ante una solicitud que pone sobre la mesa no solamente el funcionamiento administrativo de su sede en Mérida, sino también la confianza de estudiantes, profesores y trabajadores en los mecanismos de participación, transparencia y protección de los derechos universitarios.