Crisis en los penales de Yucatán: tres de cuatro reprueban evaluación de Derechos Humanos
El sistema penitenciario de Yucatán registró un importante retroceso en la evaluación nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al descender ocho posiciones y pasar del quinto al decimotercer lugar del país. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 reveló que tres de los cuatro centros de reinserción social de la entidad obtuvieron calificaciones reprobatorias, evidenciando deficiencias en materia de seguridad, atención médica y respeto a los derechos humanos.
De acuerdo con los resultados presentados por el organismo, Yucatán obtuvo una calificación promedio de 5.91 puntos, frente a los 7.34 registrados en la evaluación correspondiente a 2024. Aunque la CNDH advierte que los resultados de ambos ejercicios no son directamente comparables debido a cambios en el alcance de la supervisión, las cifras actuales colocan al estado por debajo del nivel de aprobación.
Los cuatro establecimientos penitenciarios evaluados presentaron resultados poco favorables. El Centro de Reinserción Social de Mérida obtuvo 5.95 puntos; el de Valladolid, 5.77; el centro penitenciario femenil, 5.91, y el de Tekax alcanzó 6.00, convirtiéndose en el único que logró ubicarse en el rango de aprobación.
Los resultados llaman particularmente la atención debido a que Yucatán mantiene una de las poblaciones penitenciarias más reducidas del territorio nacional y registra niveles relativamente bajos de incidentes violentos dentro de sus instalaciones.
Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2025 el estado contabilizaba 2,050 personas privadas de la libertad, mientras que sus centros penitenciarios disponían de una capacidad conjunta para 3,194 internos. Esto representa una ocupación aproximada del 64 %, considerablemente inferior al promedio nacional.
Sin embargo, la disponibilidad de espacios y la ausencia de motines o fugas no han sido suficientes para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento.
Entre las principales irregularidades identificadas por la CNDH destacan la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, las deficiencias en la clasificación de las personas privadas de la libertad, las inconsistencias en los expedientes técnico-jurídicos y las fallas en la organización de actividades destinadas a la reinserción social.
Asimismo, el diagnóstico señala problemas en los mecanismos disciplinarios y en los programas de prevención de adicciones, incidentes violentos y posibles vulneraciones a los derechos humanos.
La atención médica constituye otro de los puntos críticos. Las revisiones identificaron deficiencias en los servicios de salud de los centros de Valladolid, Tekax y el penal femenil, además de condiciones inadecuadas en determinadas áreas médicas de los establecimientos de Mérida, Valladolid y Tekax.
En el caso del centro penitenciario femenil, la situación resulta especialmente preocupante. Aunque cuenta con instalaciones para albergar a 100 mujeres y registra únicamente 28 internas, una revisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), realizada en septiembre de 2025, identificó que la atención médica presencial no estaba disponible durante las 24 horas, sino únicamente en horario matutino de lunes a viernes.
Por otra parte, el diagnóstico nacional reportó indicios de actividades ilícitas en los centros de Mérida y Tekax, así como problemas relacionados con la separación entre personas procesadas y sentenciadas en los establecimientos de Mérida y Valladolid.
Una situación particular se presenta en Tekax, donde la CNDH detectó condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, pese a que, en términos generales, el sistema penitenciario estatal mantiene espacios disponibles.
El panorama también plantea interrogantes sobre la distribución de los recursos públicos. Durante 2025, Yucatán destinó aproximadamente 299.4 millones de pesos al sistema penitenciario, cantidad superior a los 278 millones ejercidos durante 2024. No obstante, la población privada de la libertad aumentó alrededor de 11 % durante ese mismo periodo, lo que representó una mayor demanda de servicios e infraestructura.
La situación de Yucatán forma parte de una problemática nacional. De los 278 centros penitenciarios supervisados por la CNDH, 177 obtuvieron calificaciones inferiores a seis puntos, equivalentes al 63.7 % del total. Entre las deficiencias más recurrentes sobresalen la clasificación inadecuada de internos, la falta de custodios y las limitaciones en los servicios médicos.
A pesar de las observaciones, el diagnóstico también identificó aspectos positivos en los centros yucatecos. En los establecimientos de Tekax y el femenil no se detectaron prácticas de autogobierno ni cobros relacionados con extorsiones o sobornos, mientras que los centros de Mérida y el femenil presentaron condiciones favorables respecto a su capacidad de alojamiento.
La CNDH ha insistido en la necesidad de fortalecer las plantillas de seguridad y custodia, mejorar las condiciones de atención y atender los problemas estructurales que comprometen el funcionamiento de los centros penitenciarios.
El retroceso registrado por Yucatán representa un llamado de atención para las autoridades estatales, especialmente al considerar que la entidad llegó a ocupar el segundo lugar nacional en evaluación penitenciaria durante 2022.
Más allá de mantener bajos índices de violencia o contar con suficientes espacios disponibles, el principal desafío del sistema penitenciario yucateco consiste en garantizar condiciones dignas, proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y desarrollar programas efectivos que permitan su reintegración a la sociedad.
Los resultados de la evaluación de 2025 dejan en evidencia que la seguridad dentro de las cárceles no puede medirse únicamente por la ausencia de motines o enfrentamientos, sino también por la capacidad de las instituciones para cumplir con su responsabilidad de brindar atención, protección y oportunidades reales de reinserción social.