Crisis judicial en Quintana Roo: más de 4 mil presos permanecen sin sentencia
El sistema penitenciario de Quintana Roo enfrenta un panorama preocupante, luego de que cifras oficiales revelaran que el 74.5% de las personas privadas de la libertad en la entidad permanece sin sentencia. Esta situación pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema judicial para resolver los procesos penales y garantizar el acceso oportuno a la justicia.
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, elaborado por la Dirección de Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria, al cierre de agosto de 2026 se contabilizaron 5 mil 421 personas recluidas en los centros penitenciarios del estado. De ellas, 4 mil 39 se encontraban en calidad de procesadas, mientras que únicamente mil 382 contaban con una sentencia.
Las cifras reflejan que aproximadamente tres de cada cuatro internos permanecen a la espera de una resolución judicial, una proporción que evidencia la magnitud de los procesos penales pendientes y plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de impartir justicia.
La distribución por edades también permite identificar los sectores de la población con mayor presencia en los centros penitenciarios. El grupo de 30 a 34 años concentra el mayor número de internos, con mil 40 personas, seguido de quienes tienen entre 25 y 29 años, con 977, y del segmento de 35 a 39 años, con 902.
Asimismo, se registraron 803 personas de entre 18 y 24 años; 627 de 40 a 44; 428 de 45 a 49; 307 de 50 a 54; 166 de 55 a 59, y 171 personas mayores de 60 años.
Uno de los principales factores asociados con esta situación es la insuficiencia de personal judicial para atender la demanda de procesos penales. Alejandro Aguirre Buenfil, abogado, maestro en Derecho y expresidente del Colegio de Abogados Postulantes de Cancún, advirtió que la falta de jueces representa un obstáculo para agilizar los procedimientos.
Según sus estimaciones, Cancún necesitaría aproximadamente 30 juzgadores para responder adecuadamente a la carga de trabajo, mientras que actualmente dispone de alrededor de 15 jueces penales activos.
Esta limitación obliga a los juzgadores a distribuir su tiempo entre audiencias, diligencias relacionadas con personas detenidas y juicios orales, procedimientos que pueden prolongarse dependiendo de la complejidad de los casos y de las pruebas presentadas.
A ello se suma la disponibilidad limitada de salas de audiencia, una condición que dificulta incrementar el número de procedimientos atendidos diariamente y puede contribuir a prolongar los tiempos de resolución.
Las estadísticas también muestran diferencias importantes entre los delitos del fuero común y los del ámbito federal. En el primer caso, se contabilizaron 5 mil 39 personas privadas de la libertad, de las cuales 3 mil 920 permanecían sin sentencia y mil 119 ya habían recibido una resolución judicial.
Esto significa que cerca del 78% de los internos relacionados con delitos del fuero común continuaba en proceso, lo que representa la mayor concentración de personas sin sentencia dentro del sistema penitenciario estatal.
En contraste, entre las 382 personas recluidas por delitos del fuero federal, 263 contaban con sentencia y 119 permanecían procesadas. Esta distribución muestra un escenario distinto, pues en este ámbito predominan los internos que ya recibieron una resolución judicial.
La insuficiencia de juzgadores también representa un desafío a escala nacional. Según datos de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, México cuenta con un promedio estimado de entre 3.4 y 5.1 jueces por cada 100 mil habitantes, considerando los ámbitos federal y estatal. En comparación, el promedio europeo alcanza los 22.2 juzgadores por cada 100 mil habitantes.
Aunque estas cifras corresponden a sistemas judiciales con características diferentes, permiten dimensionar las limitaciones de personal que enfrenta México para atender la demanda de impartición de justicia.
El elevado porcentaje de personas encarceladas sin sentencia en Quintana Roo también pone sobre la mesa la importancia de garantizar el principio de presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. La permanencia en prisión preventiva no constituye una declaración de culpabilidad, por lo que resulta fundamental que cada proceso avance conforme a los plazos y garantías establecidos por la ley.
Ante este panorama, el fortalecimiento de la infraestructura judicial, la incorporación de más jueces y la optimización de los procedimientos penales surgen como medidas relevantes para reducir los retrasos y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones.
Mientras tanto, las cifras reflejan uno de los principales desafíos del sistema de justicia en Quintana Roo: miles de personas permanecen privadas de la libertad sin que se haya determinado judicialmente su culpabilidad mediante una sentencia, una situación que exige atención institucional para garantizar procesos oportunos y el respeto a los derechos fundamentales.