Diputada Dulce María Sauri

Porqué el salario del Presidente de la República, y no del presidente de la Suprema Corte de Justicia o del presidente del Congreso General debe servir para regular las percepciones de los servidores públicos, en los tres Poderes de la Unión e incluso en los órganos autónomos; sin duda, esta disposición refuerza la preeminencia de la figura presidencial en el sistema político mexicano, cuando la división de Poderes, el equilibrio entre ellos, y el respeto de su autonomía deberían ser parte esencial de la reforma, afirmó la diputada Dulce María Sauri.

Al presentar al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de ley, que modifica el artículo 127 Constitucional, explicó que es obligado poner un límite a la remuneración a los servidores públicos, pero no necesariamente teniendo como ejemplo la figura del Ejecutivo federal.

Si vamos a legislar que sea con seriedad y conocimiento de causa, con fundamentos jurídicos, estudios técnicos, normativos y presupuestales y no como lo hizo el Ejecutivo federal al imponer el tope en base a su salario de 108 mil pesos mensuales ¿por qué esa cantidad, es mucho, es poco?

La reforma a la Ley Federal de Remunerciones, publicada el pasado mes de noviembre, por el Presidente de la República, en los hechos, no fue una resolución del Congreso de la Unión, sino una declaración personal del entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dijo.

Hasta ahora, subrayó, no hay una explicación clara, mucho menos objetiva de la forma como se construyó la remuneración presidencial, tampoco se conocen los argumentos legislativos que sustentaron la decisión.

La consecuencia inmediata de una decisión sin consenso fueron las acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos por parte de servidores públicos que consideran vulnerados sus derechos, reconoció la legisladora.

La iniciativa que propone modificar el artículo 127 Constitucional, explicó, busca dar certeza y seguridad jurídica a los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno y de todos los niveles.

Propone que cada Poder de la Unión determine e integre sus tabuladores desglosados por cargo, con los respectivos niveles de responsabilidad y perfiles curriculares requeridos y autoriza a establecer un límite de percepciones dentro de cada uno de ellos.



Para lograrlo, se crearía una unidad técnica al interior de la Auditoría Superior de la Federación, de modo que exista un órgano netamente técnico a cargo de establecer los parámetros técnicos, curriculares y estrictamente profesionales, que pueda valorar los ámbitos de responsabilidad e ingreso para cada empleado público, con la certeza y seguridad jurídica para las y los servidores públicos y la ciudadanía.

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