Campeche

Diputada priísta de Campeche deslinda su responsabilidad en embargo del CDE del PRI

Señala al dirigente estatal Ricardo Medina Farfán como responsable del conflicto laboral con la exempleada Benyelin Casanova Aguilar

Por La Revista Peninsular · 18/11/2026 14:00
Diputada priísta de Campeche deslinda su responsabilidad en embargo del CDE del PRI

La diputada local Delma Rabelo Cuevas, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas en Campeche, rechazó tener responsabilidad en el incumplimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el pago de una subsistencia a su extrabajadora Benyelin Casanova Aguilar, conflicto que derivó en el embargo de las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal (CDE) del tricolor en la entidad. Rabelo Cuevas señaló al dirigente estatal Ricardo Medina Farfán como el encargado de atender el asunto.

El caso adquiere relevancia porque Casanova Aguilar denunció haber enfrentado durante siete años obstáculos para hacer valer sus derechos laborales sin recibir respaldo de las mujeres del partido, pese a que Rabelo Cuevas encabeza precisamente ese sector en Campeche. El embargo del inmueble del CDE es la consecuencia legal visible de ese incumplimiento acumulado.

La legisladora sostuvo que, aunque es diputada priísta, no ocupa la presidencia estatal del partido y que, por ello, corresponde a Medina Farfán conducir el procedimiento legal. Precisó además haber conversado con el dirigente un día antes del embargo, quien le aseguró que el caso está siendo atendido por el área jurídica del instituto político.

Casanova Aguilar había señalado públicamente que Medina Farfán bloqueó sus redes sociales cuando intentó contactarlo para buscar un acuerdo, y denunció falta de diálogo por parte de la dirigencia. Rabelo Cuevas, cuestionada sobre la posibilidad de intervenir en favor de la afectada, atribuyó parte de las críticas a intenciones políticas, sin precisar de quiénes.

La diputada ofreció obtener los datos de Casanova Aguilar para establecer contacto y brindarle acompañamiento conforme a la ley, aunque condicionó esa intervención a que la exempleada se acercara y solicitara su apoyo directamente, dejando la resolución del conflicto en manos de la dirigencia estatal del PRI.

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