Dos de cada tres yucatecos sobreviven entre salarios bajos y empleos precarios
Contar con un empleo dejó de representar una garantía de estabilidad económica para miles de familias en Yucatán. Aunque la entidad mantiene una de las tasas de desocupación más bajas del país, la realidad laboral está marcada por salarios insuficientes, ausencia de seguridad social, contratos inestables y escasa representación sindical.
De acuerdo con el Reporte 29 del Observatorio de Trabajo Digno, elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, alrededor de 1.1 millones de personas en Yucatán enfrentan algún tipo de exclusión o precariedad laboral. Esta cantidad representa aproximadamente el 66 por ciento de la población considerada en edad y condiciones de trabajar dentro del diagnóstico.
El problema no se limita a las personas que buscan empleo y no logran encontrarlo. Una parte considerable de la población cuenta con alguna ocupación, pero realiza sus actividades bajo condiciones que no le permiten cubrir sus necesidades básicas, acceder a servicios médicos o construir estabilidad económica para el futuro.
El informe señala que 343 mil yucatecos permanecen excluidos del mercado laboral. De ese total, alrededor de 98 mil se encuentran desempleados, disponibles para trabajar o en búsqueda de una oportunidad.
Otras 245 mil personas no pueden incorporarse a una actividad remunerada debido a que dedican su tiempo al cuidado de menores, personas enfermas, adultos mayores o integrantes de sus familias con alguna discapacidad.
Esta situación afecta principalmente a las mujeres. Del total de personas que permanecen fuera del mercado laboral por realizar tareas de cuidado, aproximadamente 232 mil son mujeres, lo que representa el 95 por ciento.
La distribución desigual de estas responsabilidades limita la independencia económica de las mujeres y reduce sus posibilidades de crecimiento profesional. Ante este panorama, el Observatorio de Trabajo Digno plantea ampliar los servicios públicos de cuidado mediante estancias infantiles, escuelas con horarios extendidos, centros de atención para personas con discapacidad y espacios especializados para adultos mayores.
Sin embargo, conseguir un empleo tampoco garantiza el acceso a condiciones adecuadas. El reporte estima que 782 mil trabajadores en Yucatán carecen de seguridad social, equivalentes al 64 por ciento de la población ocupada.
La falta de esta prestación implica que miles de personas no cuentan con atención médica vinculada a su empleo, protección ante accidentes laborales, incapacidades pagadas, ahorro para el retiro o acceso a créditos de vivienda.
A este problema se suma la insuficiencia de los ingresos. Alrededor de 763 mil personas ocupadas, correspondientes al 65 por ciento, reciben remuneraciones que no alcanzan para adquirir al menos dos canastas básicas.
Dentro de esta medición aparecen cerca de 251 mil personas que reportaron no haber recibido ingresos. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza advirtió que esta cifra podría estar relacionada con inconsistencias en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, por lo que anunció la preparación de una nueva medición basada en información del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La precariedad también se refleja en la falta de mecanismos para defender los derechos laborales. El diagnóstico calcula que 724 mil asalariados, cerca de nueve de cada diez, no cuentan con representación sindical para negociar colectivamente salarios, prestaciones o mejores condiciones de trabajo.
Además, 412 mil trabajadores subordinados, equivalentes al 51 por ciento, no tienen un contrato estable. Esta condición incrementa la incertidumbre sobre la permanencia en el puesto y dificulta el acceso a prestaciones, créditos y oportunidades de desarrollo profesional.
Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía también muestran los contrastes del mercado laboral yucateco. Durante el primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación en el estado fue de apenas 1.5 por ciento. Sin embargo, el 59.3 por ciento de la población ocupada se encontraba en alguna modalidad de informalidad laboral.
En el mismo periodo, la tasa de condiciones críticas de ocupación alcanzó el 38.1 por ciento. Este indicador considera factores como los bajos ingresos y las jornadas laborales insuficientes o excesivas, por lo que permite observar una realidad que no aparece cuando solamente se contabiliza a las personas con empleo.
El panorama demuestra que una baja tasa de desempleo no necesariamente significa que exista bienestar laboral. Yucatán tiene una amplia población ocupada, pero una proporción considerable trabaja sin prestaciones, estabilidad contractual o ingresos suficientes.
El reto para el estado no consiste únicamente en generar nuevas fuentes de empleo. También será necesario garantizar que los puestos existentes permitan a las personas acceder a seguridad social, salarios suficientes, contratos estables y mecanismos efectivos para defender sus derechos.
Mientras tener trabajo no sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia, las cifras de ocupación seguirán ocultando una realidad más profunda: miles de yucatecos trabajan todos los días, pero continúan sin alcanzar una vida digna.