Ecuador detiene a expresidente del Ministerio del Interior tras deportarlo Estados Unidos

La Policía Nacional de Ecuador detuvo el jueves 28 de agosto de 2025 en el aeropuerto de Guayaquil a José Serrano, exministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa, tras ser deportado desde Estados Unidos. Efectivos lo trasladaron esposado de pies y manos, con chaleco antibalas y casco, hasta la Cárcel del Encuentro.

La detención cobra relevancia porque Serrano enfrenta una orden de prisión preventiva por su presunta participación como autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 y considerado el crimen político más grave registrado en Ecuador en lo que va del siglo. La Fiscalía ecuatoriana acusa al exfuncionario y a otras seis personas de ese delito.

Serrano había llegado a Estados Unidos con visa de turista en 2021 y solicitó asilo político, petición que las autoridades migratorias estadounidenses rechazaron. Permaneció detenido desde agosto de 2025 mientras se resolvía su situación migratoria, hasta su deportación a territorio ecuatoriano.

El presidente Daniel Noboa difundió la noticia de la deportación en su cuenta de la red social X, con un mensaje dirigido al expresidente Correa: "Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de Interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro. Ya mismo te toca a ti". Correa respondió en la misma plataforma que la acusación contra Serrano constituye, en sus palabras, "otro de los tantos montajes que insultan a la inteligencia de cualquier persona normal".

Serrano, abogado nacido en Cuenca en 1970, ocupó el Ministerio del Interior entre 2011 y 2016, periodo en el que la prensa ecuatoriana lo describió como el funcionario con mayor control sobre las fuerzas de seguridad durante el correísmo. Antes había sido ministro de Trabajo en 2005 y ministro de Justicia en 2010, y posteriormente presidió la Asamblea Nacional entre 2017 y 2018.

Analistas consultados atribuyen a la gestión de Serrano en Seguridad tanto la profesionalización policial como decisiones que, según señalan, debilitaron estructuras clave del Estado frente al crimen organizado. El proceso judicial por el caso Villavicencio continúa abierto en los tribunales ecuatorianos.