El modelo Bukele cruza fronteras: Costa Rica inaugura megacárcel para 5,100 presos
Costa Rica ha dado un giro en su estrategia de seguridad con la inauguración de una prisión de máxima seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, uno de los principales símbolos de la política contra las pandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele. La iniciativa busca combatir el crimen organizado y contener el incremento de la violencia, aunque también ha despertado cuestionamientos sobre sus posibles consecuencias en materia de derechos humanos.
La presidenta costarricense, Laura Fernández, encabezó el miércoles 14 de octubre la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), ubicado en la provincia de Alajuela, cerca de San José. El complejo cuenta con cinco módulos y tendrá capacidad para albergar hasta 5,100 personas privadas de la libertad, principalmente integrantes de organizaciones criminales y reclusos considerados de alta peligrosidad.
La construcción representó una inversión aproximada de 35 millones de dólares y forma parte de una estrategia gubernamental que pretende fortalecer el control sobre el sistema penitenciario. Durante la ceremonia, Fernández defendió la necesidad de endurecer las medidas contra la delincuencia y aseguró: “Vamos a aplicar mano dura porque quien la hace la paga”.
El proyecto comenzó durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves, quien en diciembre de 2025 visitó El Salvador para conocer personalmente el funcionamiento del CECOT y las políticas de seguridad implementadas por Bukele. Actualmente, Chaves ocupa los ministerios de la Presidencia y de Hacienda dentro del Gobierno de Fernández, manteniendo una estrecha relación política con el mandatario salvadoreño.
La inauguración ocurre en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en Costa Rica, país que durante décadas fue considerado uno de los más estables de Centroamérica. Sin embargo, el avance del narcotráfico y las disputas entre organizaciones criminales han provocado un incremento considerable de los homicidios. En 2023, el país registró más de 900 asesinatos, una cifra histórica que evidenció la gravedad de la situación.
Frente a este panorama, las autoridades consideran que el nuevo centro penitenciario permitirá aislar a líderes criminales que continúan dirigiendo actividades ilícitas desde las cárceles. De acuerdo con los planes anunciados por el Gobierno, los primeros traslados comenzarán a finales de octubre e incluirán a personas condenadas vinculadas con estructuras delictivas, responsables de extorsiones dentro de las prisiones y reclusos que hayan participado en ataques contra integrantes de las fuerzas de seguridad.
Más allá de sus implicaciones penitenciarias, la apertura del CACCO también podría representar una victoria política para Nayib Bukele, cuya estrategia de seguridad ha despertado interés entre distintos gobiernos latinoamericanos.
De acuerdo con un análisis publicado por CNN en Español, especialistas consideran que la decisión costarricense fortalece la imagen internacional del presidente salvadoreño al presentar su política de seguridad como un modelo que otros países buscan reproducir.
Juan Ramón Maldonado, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Don Bosco y analista político, señaló que la cercanía con Bukele contribuyó al posicionamiento electoral del actual Gobierno costarricense. A su juicio, la inauguración de esta prisión también beneficia al mandatario salvadoreño, especialmente ante las próximas elecciones presidenciales de su país, previstas para febrero de 2027.
No obstante, el especialista advirtió que reproducir la infraestructura penitenciaria salvadoreña no garantiza obtener los mismos resultados en materia de seguridad. Costa Rica cuenta con un sistema institucional y constitucional diferente, en el que el Poder Judicial mantiene independencia respecto del Ejecutivo, lo que podría limitar la aplicación de determinadas medidas.
Además, la experiencia de El Salvador continúa generando controversia internacional. Aunque el Gobierno de Bukele ha conseguido reducir considerablemente los índices de homicidios, organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, presuntos actos de tortura y vulneraciones al debido proceso durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
Estas preocupaciones han alimentado el debate sobre los riesgos de adoptar políticas de seguridad que prioricen el endurecimiento de las penas y las condiciones de reclusión sin garantizar mecanismos suficientes de supervisión y protección de los derechos fundamentales.
En Costa Rica, la inauguración también ha evidenciado diferencias entre el Gobierno y el Poder Judicial. La ausencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante la ceremonia reflejó las tensiones existentes entre ambas instituciones, particularmente en torno a las responsabilidades del Estado en el combate a la delincuencia.
Mientras las autoridades costarricenses presentan el CACCO como un paso decisivo para recuperar el control de las prisiones y enfrentar a las organizaciones criminales, especialistas insisten en que su efectividad dependerá de una estrategia de seguridad más amplia, capaz de combinar acciones policiales, investigaciones judiciales y medidas de prevención.
La apertura de esta megacárcel marca un nuevo capítulo en la expansión regional de la influencia de Nayib Bukele. Sin embargo, el verdadero desafío para Costa Rica será demostrar que puede reducir la violencia y debilitar al crimen organizado sin comprometer las garantías constitucionales que históricamente han distinguido a su sistema democrático.