“El Tanque” queda en prisión: el presunto operador del CJNG vinculado con el círculo de Andy López Beltrán
Iván Cazarín Molina, conocido como “El Tanque” e identificado por las autoridades federales como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecerá en prisión preventiva oficiosa después de que un juez federal calificara como legal su detención. El caso ha adquirido relevancia no solo por las actividades criminales que se le atribuyen, sino también por las investigaciones periodísticas que lo relacionan con personas cercanas a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación contra Cazarín Molina por su probable participación en delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, así como por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la autoridad judicial determinó que el detenido deberá permanecer recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, ubicado en el Estado de México.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, por lo que será el próximo 13 de octubre cuando se reanude la audiencia y se determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
La detención de Cazarín Molina ocurrió el pasado 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, como resultado de un operativo coordinado entre instituciones federales de seguridad. Su captura fue anunciada públicamente al día siguiente por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, “El Tanque” habría desempeñado un papel relevante dentro de la estructura del CJNG, particularmente en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla, donde presuntamente mantenía operaciones relacionadas con diversas actividades ilícitas.
Además de los delitos que actualmente se le imputan, los reportes de inteligencia lo vinculan con homicidios, extorsiones, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Estos señalamientos forman parte de las investigaciones sobre su trayectoria dentro de la organización criminal y no constituyen, por sí mismos, condenas judiciales.
Sin embargo, uno de los aspectos que mayor atención pública ha generado es su presunta relación con una red empresarial y de contactos políticos identificada en investigaciones periodísticas como “El Clan”, integrada por personas cercanas a los hijos del expresidente López Obrador.
Según una investigación difundida por Latinus, Cazarín Molina mantenía vínculos con Luis Alberto Olán, hermano del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado como amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”. La investigación incluyó grabaciones en las que presuntamente se hacía referencia a la relación entre integrantes de esa red y el operador criminal.
Los reportajes han generado cuestionamientos sobre las posibles conexiones entre organizaciones delictivas, empresarios y personas relacionadas con círculos de influencia política. No obstante, es importante precisar que estos señalamientos periodísticos no demuestran por sí mismos la participación de López Beltrán en actividades delictivas ni acreditan una relación directa entre él y Cazarín Molina.
Al ser cuestionada sobre la captura, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló el pasado 7 de octubre que no contaba con información detallada sobre el caso y reiteró que, de acuerdo con la información disponible para su gobierno, Andrés Manuel López Beltrán no era investigado por la FGR.
La trayectoria de “El Tanque” también había despertado el interés de las autoridades estadounidenses. En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus presuntos vínculos con el CJNG, organización con la que habría mantenido relaciones durante varios años.
Su nombre también aparece en investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles, una actividad que representa una importante fuente de ingresos para diversas organizaciones criminales y que ha evidenciado la complejidad de las redes dedicadas al contrabando y comercialización de hidrocarburos.
La captura y el proceso judicial contra Cazarín Molina representan un nuevo episodio en las acciones federales contra las estructuras operativas del CJNG. Al mismo tiempo, las referencias a sus presuntos contactos empresariales han ampliado el interés sobre el alcance de las redes que podrían facilitar las actividades de esta organización.
Por ahora, el futuro judicial de “El Tanque” dependerá de las pruebas presentadas ante los tribunales. La prisión preventiva no constituye una declaración de culpabilidad, sino una medida cautelar mientras continúa el procedimiento penal.
La audiencia del 13 de octubre será determinante para establecer si el proceso avanza formalmente. Entretanto, el caso mantiene abiertas interrogantes sobre los vínculos entre el crimen organizado, las actividades empresariales bajo investigación y las relaciones políticas que han sido señaladas en distintos reportajes periodísticos.
La resolución judicial será el siguiente paso de una investigación cuyo interés público trasciende la captura de un presunto operador criminal y alcanza el debate sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de las instituciones para investigar posibles redes de complicidad, independientemente de la influencia de las personas involucradas.