Empresa ligada a Ruffo superó en más de 500% el combustible autorizado: FGR
La empresa Ingemar, vinculada con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, habría introducido al país una cantidad de combustibles que superó en más de 500% el volumen que tenía autorizado, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República.
Las investigaciones federales señalan que la compañía presuntamente participó en un esquema mediante el cual se declaraban cantidades de gasolina y diésel considerablemente menores a las que realmente eran transportadas desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.
De acuerdo con la Fiscalía, entre enero y julio de 2025 la organización investigada habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación mediante las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, ubicadas en Tamaulipas.
El mecanismo consistía presuntamente en registrar que los carrotanques ferroviarios transportaban alrededor de 10 mil litros de combustible, aunque su contenido real podía superar los 100 mil litros. Esta diferencia habría permitido que una parte importante de los hidrocarburos ingresara al país sin ser declarada y sin el pago correspondiente de impuestos.
La FGR indicó que las cantidades reales de diésel introducidas al país llegaron a superar en más de diez veces los volúmenes autorizados. En el caso de la gasolina regular, las importaciones habrían sido tres veces y media mayores a las permitidas. Al considerar el conjunto de las operaciones, la empresa habría rebasado en más de 500% la cantidad de combustibles contemplada en sus autorizaciones.
Una vez dentro del territorio nacional, los hidrocarburos eran trasladados mediante ferrocarril hacia distintos puntos de descarga, conocidos como espuelas ferroviarias. Posteriormente, el combustible era transferido a pipas y tractocamiones para su distribución, principalmente en los estados de Coahuila, Durango y Zacatecas.
La investigación comenzó después del aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible transportados en carrotanques ferroviarios en Coahuila. A partir de este operativo, las autoridades reconstruyeron una estructura empresarial, financiera y logística presuntamente dedicada al contrabando de hidrocarburos.
La Fiscalía sostiene que el esquema habría provocado un daño de miles de millones de pesos a la Hacienda pública debido a la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto al Valor Agregado. También fueron detectados movimientos financieros, transferencias internacionales y cuentas bancarias presuntamente utilizadas para dispersar los recursos obtenidos.
Ernesto Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada, Baja California, y posteriormente vinculado a proceso junto con otras siete personas por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, contrabando y operaciones relacionadas con hidrocarburos. El exmandatario permanece sujeto a prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Ruffo Appel ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que Ingemar se limitaba a realizar trámites y gestiones aduanales, por lo que no tenía responsabilidad sobre el contenido real de los cargamentos. Integrantes del Partido Acción Nacional y exgobernadores de esa organización política también han cuestionado el proceso y han solicitado que se garantice su derecho a una defensa adecuada.
La Fiscalía ha negado que la investigación tenga motivaciones políticas y asegura que el caso se encuentra sustentado en documentos aduaneros, análisis financieros, dictámenes periciales y otras pruebas incorporadas al expediente. La responsabilidad penal de Ruffo Appel y de las demás personas imputadas deberá ser determinada por las autoridades judiciales, respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia.