Exdirigente del PRI denuncia a seis periodistas por publicar expedientes sobre presunto despojo a adulta mayor

El exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ernesto Castillo Rosado presentó el martes 2 de septiembre de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) contra seis periodistas, a quienes acusa de presuntamente difundir información falsa en su contra a través de redes sociales.

La denuncia involucra a Marco Antonio Bazán Mapen, José Francisco López Vargas, Abraham Martínez Caamal, Enrique Arellano y Aurora Sansores, además de quienes resulten responsables, e invoca el artículo 249 del Código Penal de Campeche, que tipifica la calumnia con pena de tres meses a un año de prisión y multa de 100 a 300 días de salario.

Bazán Mapen rechazó los señalamientos y precisó que las notas cuestionadas se sustentan en la carpeta de investigación AC-2-2026-9808 de la propia FGECAM, así como en la demanda civil de nulidad radicada con el número 1900-6-12-7C98WXI ante el Juzgado Tercero Civil. Según reportes, ambos expedientes documentan la presunta sustracción de tres inmuebles a María Teresa Cepeda Cantón, de 95 años, quien habría firmado donaciones y cesiones creyendo que se trataba de un testamento, de acuerdo con la denuncia que la propia adulta mayor interpuso ante el Ministerio Público.

Entre los presuntos involucrados en la denuncia de la adulta mayor figuran, de acuerdo con los expedientes citados, sus hijas María Teresa y María Eugenia Rosado Cepeda, su nieto Luis Emilio Ortiz de la Peña Rosado —exfuncionario del Centro de Convenciones Campeche XXI— y Ernesto Castillo Rosado, identificado también como nieto. La FGECAM otorgó una medida de protección a favor de la víctima el 22 de agosto de 2026, según consta en los documentos que los periodistas denunciados reprodujeron públicamente.

Castillo Rosado registró su denuncia en la Unidad de Atención Temprana Turno «A» el 2 de septiembre de 2026 a las 12:17 horas, bajo la carpeta AC-2026-36. Bazán Mapen sostuvo que la acusación de calumnia no puede prosperar cuando existe base documental —denuncia de parte, carpeta fiscal y juicio civil activo— y advirtió que la acción legal de Castillo Rosado constituye, a su juicio, una demanda estratégica orientada a inhibir el ejercicio periodístico.

El presunto despojo fue denunciado originalmente ante el Ministerio Público por representantes de Cepeda Cantón a partir de 2022, año en que se habrían firmado los instrumentos notariales en la Notaría Pública número 1. El juicio civil de nulidad se encuentra, según los periodistas, en trámite ante el Juzgado Tercero Civil de Campeche.

La FGECAM no había emitido hasta el cierre de esta edición pronunciamiento oficial sobre el estado procesal de ninguna de las carpetas vinculadas al caso.