Exigen castigo por daño ambiental en Chuburná: colectivos presionan a Profepa
La controversia ambiental por la construcción del complejo turístico Las Dunas, ubicado en Chuburná Puerto, Yucatán, continúa escalando. Organizaciones ambientalistas exigieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acelerar las investigaciones y determinar responsabilidades por las afectaciones ocasionadas al ecosistema costero, luego de que las autoridades documentaran la eliminación de vegetación en aproximadamente 1.3 hectáreas del terreno.
El colectivo Salvemos las Dunas, en coordinación con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), presentó una denuncia popular ante la dependencia federal con el propósito de que las irregularidades detectadas no queden únicamente en la clausura temporal del desarrollo inmobiliario, sino que se traduzcan en sanciones contra quienes resulten responsables.
La exigencia surge después de las inspecciones realizadas por la Profepa entre el 28 y el 30 de julio, durante las cuales se identificaron incumplimientos relacionados con las autorizaciones ambientales y forestales del proyecto. Las autoridades también detectaron irregularidades en el manejo de residuos derivados del desmonte y afectaciones a distintas especies de flora protegida.
De acuerdo con los resultados de la inspección, fueron removidos aproximadamente 13 mil metros cuadrados de vegetación, superficie equivalente al 30.8% del área autorizada para el cambio de uso de suelo. Entre las especies identificadas se encuentran ejemplares de algodón, sujetos a protección especial, y biznagas cabeza de gato, consideradas en peligro de extinción.
La dependencia federal también encontró bromelias, orquídeas, agaves y diversas cactáceas que habían sido retiradas de su entorno natural y permanecían en condiciones de deterioro, sin que se hubiera efectuado su reubicación conforme a las medidas de protección correspondientes. Asimismo, señaló que algunas especies no fueron incluidas en la Manifestación de Impacto Ambiental ni en el programa de rescate de flora presentado para el proyecto.
Ante estas irregularidades, Salvemos las Dunas solicitó una actuación más contundente de las autoridades ambientales. “Exigimos a la Profepa que actúe con celeridad, investigue a fondo las irregularidades en el territorio e imponga las sanciones correspondientes”, expresó la organización en su posicionamiento.
El conflicto también ha avanzado por la vía judicial. El pasado 1 de octubre se dio a conocer que el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán concedió una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 1771/2026-I-D, promovido por habitantes de Chuburná Puerto con el acompañamiento de Kanan Derechos Humanos.
La resolución impide ejecutar las licencias municipales de construcción, uso de suelo y urbanización otorgadas a Auralux Representaciones, empresa responsable del desarrollo, mientras continúa el procedimiento judicial. Sin embargo, esta medida cautelar no representa una cancelación definitiva del proyecto, pues todavía está pendiente la resolución de fondo.
El complejo Las Dunas contempla la construcción de 14 torres con un total de 138 departamentos en un predio de aproximadamente 92 mil metros cuadrados, dividido por la carretera Yucalpetén-Chuburná. Su desarrollo ha generado inconformidad entre habitantes y organizaciones civiles debido a las posibles consecuencias ambientales de las obras sobre una zona costera de importancia ecológica.
Los antecedentes administrativos también han sido objeto de cuestionamientos. Según el expediente presentado por el Gobierno de Yucatán, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó una primera Manifestación de Impacto Ambiental en diciembre de 2023, aunque posteriormente, en abril de 2025, otorgó una autorización condicionada.
La administración estatal precisó que el proyecto debe conservar 58 mil 740 metros cuadrados de superficie ambientalmente protegida, de los cuales 55 mil 305 corresponden a humedal costero y tres mil 435 a Zona Federal Marítimo Terrestre. Estas restricciones incluyen la obligación de respetar los manglares presentes en el área.
Para los colectivos ambientalistas, la clausura temporal representa únicamente una medida inicial frente a las afectaciones documentadas. Consideran indispensable que las investigaciones permitan esclarecer las responsabilidades legales y administrativas, así como garantizar el cumplimiento de las disposiciones destinadas a proteger los ecosistemas de la costa yucateca.
Mientras continúan los procedimientos ante las autoridades ambientales y judiciales, Salvemos las Dunas aseguró que mantendrá la vigilancia ciudadana sobre el desarrollo inmobiliario. La organización insiste en que la protección de Chuburná Puerto requiere acciones concretas que eviten nuevas afectaciones y garanticen que las irregularidades detectadas no permanezcan sin consecuencias.