Falta de abogados y recursos frena el acceso de mujeres yucatecas a órdenes de protección
La transición del Instituto para la Equidad de Género a la Secretaría de las Mujeres eliminó la representación jurídica gratuita que el Estado ofrecía desde principios de siglo
La mayoría de las mujeres víctimas de violencia en Yucatán no logra acceder a las órdenes de protección porque las autoridades judiciales carecen de personal y recursos suficientes para dar seguimiento a los expedientes, advirtió la doctora Gina Villagómez Valdés, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).
El vacío es estructural: quienes no pueden pagar un abogado privado ven sus trámites detenidos indefinidamente, mientras las órdenes de protección se reducen, en el mejor de los casos, a rondines esporádicos cerca del domicilio, pues la escasez de patrullas, cámaras y agentes impide asignar guardias permanentes. Esa brecha, precisó Villagómez, es aprovechada por los agresores para tomar represalias tras la denuncia.
El problema se agudizó con la sustitución del antiguo Instituto para la Equidad de Género en Yucatán por la actual Secretaría de las Mujeres. El instituto anterior asumía y llevaba procesos familiares y penales de manera integral; la secretaría que lo reemplazó discontinuó esos servicios y redujo la intervención a orientación y canalización —herramientas como el «violentómetro» y la «Cartilla de los Derechos de las Mujeres»— sin ofrecer representación jurídica gratuita ante la Fiscalía ni los juzgados. Las mujeres con procesos en curso quedaron sin respaldo y varios casos se perdieron.
Ante ese retroceso estatal, el Instituto Municipal de las Mujeres de Mérida absorbió parte de la carga procesal. Durante 2025 brindó 16,174 servicios de atención especializada; en lo que va de 2026 la cifra ya alcanza 14,884 atenciones a niñas, adolescentes y mujeres en sus cuatro sedes —Centro, Oriente, Poniente y Sur—, con asistencia jurídica como el servicio de mayor demanda. El Centro de Atención y Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia Extrema (Carem) acumula más de siete mil servicios en 2026, entre atención psicológica, médica, jurídica y talleres de autonomía. La Línea Mujer, operativa las 24 horas los 365 días del año, registra más de 2,776 llamadas atendidas en el mismo periodo.
La investigadora de la Uady subraya que la cobertura municipal, aunque sustantiva, no alcanza a las mujeres del interior del estado: los municipios mayas carecen de recursos locales para asumir la carga que antes correspondía al gobierno estatal. Lo que se requiere, sostuvo Villagómez, son abogados con perspectiva de género que defiendan a las víctimas ante instancias familiares, comunitarias, laborales y, cuando sea necesario, frente al propio Estado cuando incumple su función protectora.