Familiares y expertos piden que México acepte cooperación internacional contra las desapariciones
Proponen crear una comisión que combine hallazgos oficiales con la experiencia de las familias de víctimas
En un conversatorio realizado el sábado 30 de agosto de 2025 en la Ciudad de México, expertos, funcionarios y familiares de personas desaparecidas exigieron al gobierno mexicano aceptar la cooperación de organismos internacionales para enfrentar la crisis de desapariciones en el país.
La exigencia cobra relevancia porque, según los participantes, la persistencia del fenómeno exige políticas públicas integrales en prevención, búsqueda de víctimas e identificación de cuerpos, tareas que hasta ahora se han manejado de forma dispersa entre distintas instancias oficiales.
Dolores González Saravia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sostuvo que «la soberanía no está amenazada por el escrutinio internacional» y llamó a las autoridades a no ver la observación externa como una amenaza. González admitió, sin embargo, que existe una «preocupación legítima y con fundamento» por defender la autodeterminación del país, en particular frente a Estados Unidos.
Adela Alvarado, madre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, desaparecida en 2004, propuso combinar los informes ya existentes sobre las causas del fenómeno con las experiencias y necesidades de las familias de las víctimas, «para convertirlos en acciones y resultados».
El encuentro se realizó en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto y que en México cobra particular peso ante los más de cien mil casos de personas no localizadas registrados por las autoridades en las últimas décadas.
Los asistentes plantearon la creación de una comisión que compile los hallazgos de las distintas instancias oficiales y los conjunte con la experiencia acumulada por los colectivos de familiares, como paso previo a diseñar políticas de búsqueda e identificación con resultados verificables.
La propuesta quedó planteada como punto de partida para futuras reuniones entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades de derechos humanos y dependencias encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas en el país.