Familias de desaparecidos temen que nueva revisión del registro nacional borre a sus seres queridos
Familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda manifestaron su preocupación ante el anuncio de una nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al considerar que el procedimiento podría modificar las cifras oficiales sin garantizar transparencia ni la participación de quienes llevan años buscando a sus seres queridos.
A través de una carta pública difundida este lunes 19 de octubre, las organizaciones cuestionaron la decisión de la Secretaría de Gobernación (Segob) de integrar un grupo de ocho especialistas para analizar el registro nacional, sin establecer previamente mecanismos de consulta con las familias afectadas.
Los colectivos señalaron que tuvieron conocimiento de esta iniciativa a través de los medios de comunicación, situación que generó inconformidad debido a que consideran indispensable su participación en cualquier procedimiento relacionado con la documentación de las desapariciones en México.
Una de sus principales preocupaciones está relacionada con la revisión realizada en marzo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cuya metodología, aseguran, no fue explicada públicamente.
Durante aquel ejercicio se establecieron diferentes clasificaciones para los expedientes, entre ellas los registros con información suficiente, aquellos que requieren completar sus datos y los casos en los que se identificó actividad posterior a la fecha de desaparición.
Sin embargo, las familias cuestionaron la falta de información sobre los criterios empleados para establecer dichas categorías y advirtieron que una clasificación inadecuada podría provocar que algunos casos dejaran de ser reconocidos dentro de las estadísticas oficiales.
“Concretamente les queremos solicitar que frente a este anuncio, nos ayuden a que este no sea un esfuerzo más para borrar a nuestros seres queridos”, expresaron en el documento dirigido al grupo de especialistas.
Asimismo, cuestionaron que las autoridades responsables de los registros hayan participado en la convocatoria de las personas encargadas de evaluar su funcionamiento, por lo que solicitaron garantías de independencia y claridad sobre los objetivos, la duración y los mecanismos de evaluación del nuevo procedimiento.
Entre sus principales exigencias se encuentra la realización de una reunión pública con los ocho especialistas, en la que puedan conocer los instrumentos de colaboración y confidencialidad anunciados por la Segob, así como los procedimientos que se utilizarán para garantizar una revisión transparente.
Las organizaciones también denunciaron que nuevamente se está dejando fuera de las decisiones a quienes enfrentan directamente las consecuencias de las desapariciones.
“Una vez más se nos está dejando fuera, a pesar de que nadie conoce mejor que nosotras los retos y revisiones que son necesarias hacer”, señalaron.
Otra de las inconformidades expresadas estuvo relacionada con la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en el proceso de selección del grupo de especialistas. Las familias consideraron que su intervención no ha garantizado que las víctimas ocupen un lugar central en las decisiones relacionadas con la crisis.
El pronunciamiento se presentó en un contexto de atención internacional sobre las desapariciones en territorio mexicano, previo a la exposición de un informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ante la Asamblea General del organismo.
Entre las agrupaciones que respaldaron el documento se encuentran la Glorieta de las y los Desaparecidos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), Voz de los Desaparecidos en Puebla y Huellas de la Memoria, además de familiares y organizaciones solidarias de diferentes estados del país.
De acuerdo con las estimaciones señaladas por los colectivos, México enfrenta una crisis que supera las 135 mil personas desaparecidas, una situación que, consideran, exige acciones concretas de búsqueda, investigación y acceso a la justicia, más allá de las modificaciones administrativas de los registros.
Las familias también solicitaron al Gobierno federal informar con precisión cuántos casos de desaparición reconoce oficialmente y cuáles son los avances en las investigaciones, particularmente frente a los elevados niveles de impunidad que denuncian.
Para las organizaciones, la actualización del registro nacional debe contribuir a mejorar la búsqueda y localización de personas, sin convertirse en un procedimiento que reduzca artificialmente las cifras o dificulte el reconocimiento de las víctimas.
Mientras las autoridades avanzan en la nueva revisión, los colectivos insisten en que cualquier cambio debe realizarse con criterios públicos, supervisión independiente y participación efectiva de las familias, con la garantía de que ninguna persona desaparecida sea excluida de los esfuerzos institucionales para conocer su paradero.
La exigencia central permanece: que la revisión del registro permita fortalecer las investigaciones y acercar a las familias a la verdad y la justicia, en lugar de aumentar la incertidumbre que enfrentan desde la desaparición de sus seres queridos.