Francia registra 320.000 manifestantes en su tercera jornada consecutiva de protestas sociales
Al menos 296 detenidos y una decena de gendarmes heridos en enfrentamientos al término de las marchas
Entre 320.000 y 500.000 personas marcharon el sábado por toda Francia en el tercer fin de semana consecutivo de protestas contra el deterioro de los servicios públicos y el alto coste de la vida. La cifra oficial proviene del Ministerio del Interior; los sindicatos elevan el cálculo a medio millón de manifestantes en todo el país.
Las movilizaciones, iniciadas hace mes y medio por estudiantes que exigen más recursos para la educación, han crecido hasta aglutinar a jubilados, profesores, chalecos amarillos y jóvenes de distintas corrientes. La convergencia de sectores convierte las protestas en la expresión de malestar social más amplia que atraviesa Francia a seis meses de las elecciones presidenciales.
Al menos 296 manifestantes fueron detenidos y una decena de gendarmes resultaron heridos, según el balance provisional del Ministerio del Interior hasta las 18:00 horas de ese día. Las cifras son inferiores a las de la semana anterior. Los enfrentamientos se concentraron al término de las marchas en París, Marsella, Lyon y Burdeos, donde alborotadores lanzaron cócteles molotov contra las fuerzas del orden, que respondieron con gases lacrimógenos.
En París, la prefectura de Policía contabilizó 70.000 manifestantes; los sindicatos de estudiantes elevan esa cifra a 200.000. El Gobierno desplegó 70.000 agentes con apoyo de unidades de élite, helicópteros y drones. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, había advertido del riesgo de infiltración de unos 500 radicales de extrema izquierda y prohibió taparse el rostro bajo el pretexto de Halloween. Pese a ello, en la Puerta de Charenton se quemaron vehículos y los comercios del centro de la capital optaron por cerrar o blindar sus escaparates con tablones de madera.
El lunes previo a la marcha, el Ejecutivo anunció un paquete de medidas para calmar el descontento estudiantil: 4.000 millones de euros para renovar institutos, 15.000 nuevas plazas universitarias y la reforma del sistema informático de acceso a la educación superior, cuestionado por considerarse opaco y discriminatorio. Los sindicatos de estudiantes rechazaron las medidas por insuficientes y convocaron bloqueos en institutos y facultades para el martes siguiente, al reanudarse las clases. Para el jueves posterior quedó convocada una huelga general en todo el país.