Gaspar Quintal impulsa sanciones por difundir imágenes de cadáveres en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.— La iniciativa en materia de dignidad póstuma presentada por el diputado Gaspar Quintal Parra, del PRI, fue incorporada a un dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública del Congreso de Yucatán, que propone castigar con prisión la difusión maliciosa de fotografías y videos de cadáveres o restos humanos.

La propuesta busca proteger la dignidad de las personas fallecidas y evitar afectaciones a sus familiares por la exposición de estas imágenes en redes sociales, páginas web, medios impresos, electrónicos y cualquier otro medio de difusión.

El dictamen, fechado el 14 de octubre de 2026, contempla penas de tres meses a tres años de prisión y multas de 50 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien, de forma maliciosa, revele, exhiba, publique, comparta o difunda ese material.

Cuando las fotografías o videos correspondan a niñas, niños o adolescentes, la pena de prisión podría alcanzar hasta el doble de su máximo, además de multas de 200 a 800 UMA.

La iniciativa impulsada por Gaspar Quintal plantea atender las consecuencias de la circulación de imágenes que exponen a personas fallecidas, particularmente en circunstancias de violencia, y que pueden generar nuevas afectaciones a sus seres queridos.

El proyecto contempla excepciones para el uso autorizado de imágenes en investigaciones científicas o académicas, así como aquellas con valor cultural o histórico. En actuaciones periciales o judiciales no se requeriría dicha autorización.

El dictamen incorpora otras tres materias

Además de la propuesta sobre dignidad póstuma, el documento reúne iniciativas para tipificar el transfeminicidio, sancionar la omisión dolosa de la entrega recepción de una administración pública y castigar el abandono de personas atropelladas.

En materia de transfeminicidio, plantea penas de 32 a 45 años de prisión y multas de mil 500 a dos mil 500 UMA para quien prive dolosamente de la vida, por razones de identidad o expresión de género, a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino.

La pena podría agravarse hasta en una tercera parte de la sanción máxima en supuestos como saña, participación de dos o más personas, amenazas de muerte previas relacionadas con la identidad de género o condiciones de especial vulnerabilidad de la víctima.

Respecto a la entrega recepción, se propone sancionar a las personas servidoras públicas que omitan dolosamente entregar bienes, dinero o información bajo su responsabilidad, siempre que esa conducta cause daño patrimonial a la administración entrante. Las penas alcanzarían hasta diez años de prisión, dependiendo del monto del perjuicio.

En cuanto al abandono de personas atropelladas, el proyecto establece de seis meses a dos años de prisión, multas, trabajo comunitario e inhabilitación para conducir para quien deje a la víctima sin auxilio o asistencia.

La sanción podría aumentar cuando el responsable se encuentre bajo los efectos del alcohol o de sustancias que disminuyan su capacidad de conducción, cuando la víctima esté en condiciones de especial vulnerabilidad o cuando la falta de atención agrave su estado.

El documento corresponde a un dictamen de comisión. Para que las reformas entren en vigor se requiere su aprobación legislativa y publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.