Gobierno federal habría preparado juicio político contra Rocha Moya
El gobierno federal habría contemplado impulsar un juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en caso de que insistiera en mantenerse en el cargo, de acuerdo con una columna publicada por el periodista Mario Maldonado en El Universal.
Según la información difundida por Maldonado, la estrategia habría llegado a un nivel avanzado y contemplaba incluso retirarle el fuero al gobernador para permitir que se determinaran posibles responsabilidades. Para preparar la operación legislativa, habrían sido convocados el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el diputado Ignacio Mier.
La operación, sin embargo, no habría llegado a concretarse. De acuerdo con la columna, Mier habría informado a Rocha Moya sobre lo que se preparaba en el Congreso. Ante la posibilidad de enfrentar un procedimiento que pudiera derivar en su desafuero, el gobernador habría optado nuevamente por solicitar licencia.
El episodio ocurre después de que Rocha Moya regresara temporalmente a sus funciones y, aproximadamente 27 horas después, volviera a solicitar licencia. Legisladores de Morena reconocieron que, si el gobernador no hubiera dado nuevamente un paso atrás, el Congreso habría intervenido para resolver la situación. Mientras tanto, integrantes de la oposición comenzaron a exigir públicamente que se iniciara un juicio político.
La columna señala que la crisis representa un cambio importante en la relación entre el gobernador y el gobierno federal. Maldonado sostiene que, desde Palacio Nacional, la relación con Rocha Moya se habría deteriorado considerablemente y cita a una fuente que resume la posición de la Presidencia con la frase: “Para la Presidenta, Rocha es pasado”.
El texto también señala que meses atrás distintos integrantes de Morena habían respaldado públicamente a Rocha Moya frente a acusaciones provenientes de Estados Unidos. Senadores, diputados, gobernadores y dirigentes habían cuestionado entonces las acusaciones estadounidenses y defendido la presunción de inocencia del mandatario sinaloense.
De acuerdo con la columna, el escenario habría cambiado ante la posibilidad de que Rocha Moya permaneciera en el cargo. La ruta contemplada por el gobierno federal habría sido llevar el conflicto al terreno legislativo mediante un juicio político, en lugar de limitarse a la presión política.
El caso mantiene abierta la incertidumbre sobre el futuro político y jurídico de Rocha Moya. La propia columna plantea que la licencia no necesariamente resolvería las presiones provenientes de Estados Unidos y sostiene que las autoridades estadounidenses podrían buscar que el gobernador enfrente un proceso judicial. Estas afirmaciones corresponden a lo planteado por el columnista y no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre la responsabilidad de Rocha Moya.