Investigador de la Uady advierte vulnerabilidad sistémica tras el apagón del martes 1 en la Península

El apagón del martes 1 de septiembre de 2026, que dejó sin electricidad a 745,000 usuarios en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas —430,000 solo en Yucatán—, no se explica únicamente por el vandalismo registrado en dos líneas de 400 kilovoltios, sino por una «vulnerabilidad sistémica» acumulada durante años en la Península de Yucatán, sostiene Javier Becerril García, profesor e investigador de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

La advertencia importa porque sitúa el corte del martes 1 como el tercero en una serie que incluye el apagón de septiembre de 2025 y la contingencia de gas del 24 de marzo de 2025: tres eventos distintos con el mismo origen estructural. Para una región donde el comercio, el turismo y los servicios constituyen el núcleo de la economía, la repetición de estos episodios representa un riesgo creciente para la inversión y la competitividad.

Becerril García precisa que en agosto pasado la demanda neta peninsular alcanzó 2,612 megawatts (MW), mientras la generación local sumó apenas 1,939 MW. La diferencia de 673 MW —equivalente a 25% de dependencia— fue cubierta con importaciones de otras regiones. El investigador subraya que capacidad instalada no equivale a seguridad energética: una planta puede figurar en los registros y resultar indisponible por falta de combustible, fallo en subestaciones o congestión de transmisión.

La brecha entre inversión y demanda tiene historia contable. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Eléctrico 2025-2039, entre 2016 y 2022 se estimaban inversiones necesarias de 19,200 millones de pesos anuales en redes de distribución; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Distribución habría ejercido en promedio 8,400 millones de pesos, un déficit de más de 10,700 millones anuales que atraviesa varias administraciones. A esa brecha se añade la dependencia crítica del gasoducto Mayakan: la CFE reportó el 24 de marzo de 2025 «mala calidad del gas natural» por humedad vinculada a una falla en Nuevo Pemex, lo que obligó a cambios de combustible y desató cortes rotativos en cuatro estados.

La literatura internacional respalda la gravedad económica del problema. Estudios en India y otras 84 economías indican que las empresas expuestas a restricciones eléctricas pueden perder entre 5% y 10% de ingresos y registrar una productividad total de los factores 11% menor, además de frenar ventas, empleo y la entrada de nuevas firmas. Becerril García advierte que en Quintana Roo el turismo opera «prácticamente como una industria electrodependiente», y que la fragilidad peninsular puede convertirse en desventaja frente a Nuevo León, el Bajío o competidores internacionales en la disputa por el nearshoring —estrategia de reubicación de inversiones— que exige electricidad confiable las 24 horas los siete días de la semana.

El investigador propone un Plan de Seguridad Energética Peninsular 2027-2040, separado de la planeación nacional, que incorpore escenarios de cambio climático, turismo y electromovilidad. Entre sus recomendaciones figuran modernizar prioritariamente las redes urbanas de Mérida, Progreso, Cancún y la Riviera Maya; impulsar generación distribuida y almacenamiento en infraestructura crítica; combinar gas, energía solar, eólica y baterías para evitar sustituir una dependencia por otra; y crear indicadores públicos mensuales de demanda máxima, capacidad disponible, margen de reserva y congestión. También plantea contratos de demanda interrumpible para grandes usuarios y criterios de justicia energética que protejan a hogares de bajos ingresos y a la población más vulnerable al calor.