La última esperanza en manos de la SCJN

Editorial La Revista Peninsular 

El Poder Ejecutivo Federal publicó este jueves el Plan B en materia electoral en el Diario Oficial de la Federación tras haber sido aprobado en el Senado la semana pasada. Ahora le corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinar si las nuevas disposiciones se apegan a la Constitución o si deben ser desechadas por ser inconstitucionales.

Con 72 votos a favor y 50 en contra, Morena y sus aliados consiguieron la aprobación del Plan B de la reforma electoral en el Senado de la República. La reforma contempla la modificación de 429 artículos de la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Entre las disposiciones aprobadas, destacan la eliminación de los órganos de profesionalización de servidores del INE, las 300 Juntas Ejecutivas Distritales y la Secretaría Ejecutiva. Estos cambios buscan reducir los costos de la autoridad electoral y los procesos electorales, así como limitar las facultades políticas y legales del INE.

Estos cambios han generado gran controversia en la oposición y la sociedad civil debido a que se les considera un atentado en contra de la democracia. De igual manera, expertos en la materia coinciden en que las reformas atentan en contra de la Constitución y fueron aprobadas mediante un proceso legislativo plagado de inconsistencias.

Por lo anterior, partidos políticos y organizaciones sociales han anunciado que interpondrán todos los recursos legales posibles para dar marcha atrás al Plan B. Esto significa que el futuro de las reformas dependerá de la SCJN, máximo órgano de interpretación constitucional en el país. Se necesitará el voto de por lo menos 8 ministros de la Corte para declarar inconstitucionales las modificaciones a la legislación electoral.

Después de que se eligiera a la ministra Norma Piña como titular de la Corte, existe un ambiente de confianza y certeza respecto a la autonomía del Poder Judicial, lo cual nos permite pensar que el análisis de los ministros será objetivo y apegado al Derecho. Asimismo, la demostración social llevada a cabo el pasado domingo 26 de febrero, que reunió a cientos de miles de personas en todo el país, dejó en claro el rechazo que hay hacia estas disposiciones y el respaldo ciudadano que tiene la Corte, el cual es significativo dadas las presiones que seguramente recibirá del Poder Ejecutivo.

Lo más probable es que la SCJN utilice sus facultades legales para darle prioridad a la discusión de este tema debido a su relevancia, por lo que pronto podríamos conocer el desenlace de esta importante reforma. Independientemente de posturas ideológicas, esperemos que los ministros protejan nuestro Estado de Derecho y orden constitucional con un actuar objetivo e imparcial. Aún más importante, ojalá que el interés que ha demostrado la sociedad sobre este tema no merme en los próximos días pues se trata de un asunto que tiene el potencial de afectar nuestra democracia, entonces nos compete a todos involucrarnos.