Lecciones

Claroscuro, por: Francisco López Vargas. 

La Guardia Nacional jamás será la solución a los problemas de seguridad en el país. Dos ejemplos: en Campeche y Yucatán no está militarizada la policía, no tiene mandos castrenses pero sí civiles únicos y en ambos casos, el de Campeche en veremos, parecieran tener éxito a pesar de las cifras nacionales.

Para el gobierno de Estados Unidos, sólo Campeche y Yucatán son recomendables para sus ciudadanos y en un análisis del Pentágono se habla de que 16 de 32 estados están infiltrados por el crimen organizado.

En Yucatán, quizá sin darse cuenta, han criticado a Mauricio Vila por la cantidad de recursos que ha pedido le autorice el Congreso local para blindar el Estado. En los 106 municipios, puede decirse, hay cámaras y arcos de vigilancia que permiten conocer y saber quiénes pasan casi en el instante en que lo hacen.

Los agujeros que aún tiene ese sistema, permitió a un grupo de personas cavar una fosa y dejar cuerpos en un municipio colindante con Quintana Roo, donde la delincuencia vaya que ha crecido.

La discusión de ampliar el periodo de permanencia de la guardia nacional mediante la modificación de un transitorio, debe de analizarse más como algo que, por desgracia, es vital para el país: si se retira a la Guardia Nacional de las labores de seguridad la sociedad quedará en el desamparo.

Para nadie es un secreto que el austericidio perpetuo que vive el gobierno de López Obrador terminó por dar al traste los programas de apoyos municipales y estatales para el fortalecimiento de la seguridad. El programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg) y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) prácticamente han desparecido del presupuesto porque el grueso de los recursos públicos o se destinan a los programas sociales del gobierno o a las obras llamadas prioritarias presidenciales.

La pretensión de pasar la Guardia Nacional bajo el manto de la Secretaría de la Defensa no sólo es un despropósito sin un esquema que fortalezca a las policías municipales y estatales y para ello podría usarse como ejemplo lo que se ha logrado en Yucatán y Campeche en cuanto a capacitación y prestaciones que los han alejado de la precariedad que era el signo de esas corporaciones, pero que en otras entidades sigue siendo su principal característica.

Sería estúpido negar la infiltración de las policías por el crimen organizado y más lo es criminalizar la pobreza.

En los hechos, el argumento y la justificación presidencial de combatir las causas de la delincuencia y la justificación de sus programa sociales se ha desvanecido porque en cuatro años el crimen organizado vaya que se ha consolidado y el número de homicidios, desapariciones y secuestros sigue a la alza mientras los delincuentes cada día diversifican más sus actividades y más partes del territorio nacional están capturados, ahora hasta con gobiernos electos de manera violenta y fraudulenta.}

De acuerdo con Raymundo Riva Palacio, Alejandro Moreno salió victorioso del actual trance porque “leyó bien la realidad. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional son las instituciones mejor evaluadas por la sociedad, y la inseguridad y la violencia son el principal problema que ven los mexicanos. El discurso académico sobre la militarización de la seguridad pública está rebasado. La oposición, la prensa, las ONG y todas las personas y organizaciones que lo interpreten de esa manera, hemos perdido esa batalla ante lo que sucede en las calles. Por lo que reflejan las encuestas, a la gente sí le importa quién se haga cargo de la seguridad, y hay un favoritismo claro por las Fuerzas Armadas, el ser en quienes confían”.

“Hablar de militarización desde la oposición tiene rendimientos decrecientes y contraproducentes. Pero también, particularmente para el PAN, que gobierna estados con alta incidencia delictiva como Chihuahua y Guanajuato, mantener la línea de confrontación con el PRI por su iniciativa, lo ponía en riesgo de que la gobernadora Maru Campos y el gobernador Diego Sinhué Rodríguez salieran públicamente a deslindarse de la dirigencia para mantener el consenso en sus estados. Ésta habría sido una fractura peor”, expone.

Ahora, queda por ver qué sucederá con las iniciativas de la guardia nacional y la capacidad para limitarla o concederla, pero también la capacidad o limitación del Congreso para destinarle recursos a la seguridad pública en unos días en los que se discute el presupuesto de ingresos y de egresos.

La desesperación presidencial pareciera encaminarse a que los tiempos para dar resultados y para tener sus obras listas están consumiendo a López Obrador cuyo discurso se radicalizará cada vez más.

La única opción como sociedad es darle el beneficio de la duda a una oposición que, como bien dijo Moreno, no necesariamente tiene que estar de acuerdo en todo, sino ponerse como objetivo un fin mayor y ese debe ser evitar el daño a la democracia, que el país se torne más violento y que el ejército o el narco sean factor en la jornada electoral donde se defina el cambio de gobierno.

Este gobierno prácticamente ya acabó, no hubo resultados, no se redujo ni uno solo de los ideales que lo llevaron a ganar la elección presidencial y lo único salvable es que los mexicanos tengan claro que sus derechos a recibir beneficios del gobierno nadie correrá el riesgo de tentarse a eliminarlos o a reducirlos, aunque si a medirlos y a cumplir con las reglas de operación básicas que los hacen auditables.