Litigio por 54 mil km² en la frontera con Campeche lleva tres décadas sin sentencia en la SCJN

A tres décadas de su inicio, la controversia constitucional por más de 54 mil kilómetros cuadrados en la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche permanece sin sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según advirtió el médico José Alberto España Novelo, presidente vitalicio del Comité Cívico Pro Defensa de los Límites del Estado de Quintana Roo, en el marco del 52 aniversario de la conversión de la entidad en Estado Libre y Soberano.

El estancamiento del expediente judicial mantiene en la incertidumbre a decenas de comunidades de la franja fronteriza, que padecen carencias severas en infraestructura, salud y educación básica porque ni Quintana Roo ni Campeche asumen plenamente la prestación de servicios en la zona disputada. Además, los recursos presupuestales calculados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base en la extensión territorial y la población de esas localidades son asignados a Campeche, en perjuicio del erario quintanarroense.

El conflicto se originó en diciembre de 1996, cuando el gobierno de Campeche creó el municipio de Calakmul dentro de demarcaciones registradas históricamente bajo jurisdicción del municipio quintanarroense de Othón P. Blanco. Ese acto contravino los acuerdos alcanzados en 1974 con Yucatán y Campeche sobre la fijación de límites constitucionales y el punto geográfico conocido como Punto PUT. Quintana Roo ha presentado pruebas cartográficas e históricas ante las instancias federales, pero el expediente carece de impulso político para avanzar.

España Novelo precisó que el periodo del exgobernador Mario Villanueva Madrid —1993 a 1999— fue la única etapa en que el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y el Tribunal Superior de Justicia actuaron de manera coordinada para respaldar la defensa jurídica del territorio. Las administraciones posteriores, sostuvo, no han dado prioridad al litigio. Integrantes del Comité Cívico informaron que sostuvieron reuniones con Eugenio «Gino» Segura, coordinador de los comités de defensa de la transformación y la soberanía en la entidad, quien asumió el compromiso de retomar la controversia ante los tribunales federales e incorporar la recuperación del margen geográfico a la agenda prioritaria estatal.

Una sentencia desfavorable restaría a Quintana Roo cerca de 20% de su territorio total: quedarían comprometidas zonas con potencial forestal y turístico en Othón P. Blanco, José María Morelos y la franja norte, y el estado perdería su colindancia directa con Guatemala. El Comité Cívico exige que el gobierno estatal presente un plan concreto de activación procesal ante la SCJN antes de que concluya el presente periodo judicial.