Madres buscadoras desafían a la Fiscalía de Quintana Roo ante la falta de justicia
La inconformidad por la falta de respuestas de las autoridades de Quintana Roo continúa creciendo. Integrantes del colectivo Madres Buscadoras mantienen una protesta en los accesos a la Zona Hotelera de Cancún, donde exigen atención de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial ante las presuntas irregularidades y retrasos en las investigaciones de diversos delitos.
La movilización, que comenzó el pasado 7 de noviembre, cumplió cinco días sin que las manifestantes alcanzaran un acuerdo con las autoridades estatales. María Patrón Pat, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, señaló que su principal exigencia es establecer un diálogo que permita atender los expedientes pendientes y garantizar el cumplimiento de los procedimientos judiciales.
Entre las solicitudes de las familias se encuentra evitar que las audiencias sean aplazadas y asegurar que se respeten las fechas previamente establecidas. Las manifestantes sostienen que la falta de seguimiento institucional ha prolongado los procesos y dificultado el acceso a la justicia.
La protesta ha recibido el respaldo de familiares de víctimas procedentes de distintos municipios, entre ellos Bacalar, Chetumal y José María Morelos. De acuerdo con Patrón Pat, entre 10 y 15 personas se acercaron recientemente al movimiento para denunciar situaciones relacionadas con feminicidios, homicidios, violaciones e intentos de feminicidio.
La activista también afirmó que durante los últimos tres o cuatro meses se han registrado al menos cinco feminicidios en el municipio de Benito Juárez, aunque no presentó una cifra precisa sobre la incidencia de este delito en el resto del estado.
Uno de los acontecimientos que desencadenó la movilización fue la decisión judicial que permitió la libertad de Ángel Conrado “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Francisca Mariner Flores Patrón, hija de la dirigente del colectivo. Según la información difundida, la resolución estuvo relacionada con un presunto error en el llenado del formulario de detención correspondiente a noviembre de 2022.
El acusado también cuenta con una sentencia condenatoria de 50 años de prisión por el delito de desaparición cometida por particulares, confirmada en segunda instancia en agosto de 2025. El caso ha generado cuestionamientos entre las familias sobre las actuaciones de las autoridades responsables de investigar y procesar los delitos.
Ante la ausencia de soluciones, las manifestantes ampliaron los cierres viales hacia el acceso al bulevar Kukulcán por la avenida Enrique Savignac, además del bloqueo establecido en el kilómetro cero, a la altura de la avenida Bonampak.
Las restricciones han provocado importantes complicaciones de tránsito, especialmente durante las primeras horas del día, cuando miles de trabajadores se dirigen a sus centros laborales en la zona turística. Frente a esta situación, el Ayuntamiento de Benito Juárez implementó un operativo de circulación y recomendó utilizar rutas alternas, incluido el Puente Vehicular Nichupté.
La tensión también ha ocasionado incidentes entre automovilistas y manifestantes. Durante la protesta, un conductor retiró las lonas colocadas por el colectivo y atravesó el área del bloqueo, lo que derivó en su detención por elementos de la Policía Estatal. Posteriormente, María Patrón Pat acudió a las instalaciones de la Fiscalía para continuar los trámites de una denuncia relacionada con lo ocurrido.
Por otra parte, las manifestantes señalaron que el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Antonio Riveroll, acudió al lugar para solicitar que liberaran la vialidad. Sin embargo, aseguraron que el funcionario no presentó propuestas concretas para resolver sus demandas.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado enfrentó dificultades operativas adicionales en Chetumal, donde una falla eléctrica dejó temporalmente fuera de servicio sus oficinas centrales y afectó el funcionamiento de su portal de internet.
La interrupción obligó a trasladar la atención ciudadana al Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en la colonia Barrio Bravo. La dependencia informó que esta medida permitiría mantener los servicios mientras se restablecían las condiciones necesarias para operar con normalidad.
Pese a las dificultades, las madres buscadoras han recibido muestras de solidaridad de ciudadanos que acudieron a entregar agua, alimentos y otros artículos para apoyar su permanencia en el lugar.
Las integrantes del colectivo reiteraron que su intención no es afectar a la población, sino conseguir que las instituciones responsables de impartir justicia atiendan las necesidades de las víctimas y sus familiares.
Por ahora, el plantón permanece sin una fecha definida para su conclusión. Las familias mantienen su exigencia de respuestas concretas, avances verificables en sus expedientes y un compromiso institucional que permita atender las denuncias de omisiones y retrasos en los procesos judiciales.