Maduro consuma un autogolpe en Venezuela en la jornada electoral más violenta

Las votaciones de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Nicolás Maduro sumieron este domingo a Venezuela en una espiral de violencia sin precedentes durante un proceso electoral, con al menos una docena de muertos desde la noche del sábado, y abocan al país a una fractura insalvable de la sociedad y las instituciones. El Gobierno siguió adelante con su plan de escribir una nueva Constitución y celebró unos comicios rechazados en bloque por la oposición, que no presentó candidatos y promete ahora redoblar su pulso al régimen, y buena parte de la comunidad internacional. El primer efecto de la decisión de Maduro de seguir adelante con su proyecto es que Venezuela tendrá a partir del lunes un Parlamento exclusivamente oficialista ignorado por todos los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y sectores críticos del chavismo.

La abstención fue, incluso según las cifras del Ejecutivo, muy elevada. El Consejo Nacional Electoral (CNE) cifró la participación en un 41,43% del censo, es decir, casi 8,1 millones de votos, mientras que la oposición rebajó ese dato hasta el 12%. Las fuerzas opositoras celebraron hace dos semanas un plebiscito no oficial en el que consultaron a los votantes sobre las elecciones de este domingo. Según sus cálculos, ese día acudieron a las urnas casi 7,2 millones de venezolanos.

El Gobierno intentó transmitir que la votación transcurrió en paz, pero el saldo de muertes lo desmiente. Nunca en la víspera o el desarrollo de un proceso electoral habían ocurrido tantos fallecimientos. Caracas no fue el único escenario de los violentos enfrentamientos entre los manifestantes, las fuerzas de seguridad y los colectivos armados afines al chavismo. Hubo cinco muertos en la provincia andina de Mérida, uno en el Estado de Lara (centro-occidente del país) y otro en Sucre, en la costa nororiental de Venezuela.


La Fiscalía confirmó, además, el asesinato a tiros de José Félix Pineda, un candidato a la Constituyente en Ciudad Bolívar, la capital del suroriental Estado de Bolívar. En la capital, el estado de máxima tensión quedó reflejado en Altamira, convertida en símbolo de las protestas opositoras, donde la explosión de un artefacto contra una columna de agentes motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dejó varios heridos. Oficialmente, el ministerio público pudo corroborar cinco muertes en las primeras horas de la mañana. Además de la de Pineda, encargó a un fiscal la investigación de los homicidios de Ricardo Campos, subsecretario de la formación socialdemócrata Acción Democrática en Cumaná (Estado de Sucre, nororiente de Venezuela), y de Marcel Pereira, en el poblado de Chiguara, en Mérida

Nueva etapa

Hoy Venezuela comienza una nueva etapa. La oposición llamó a la unidad contra el régimen, mientras el Gobierno continuará una huida hacia adelante llena de incógnitas. La nueva Asamblea Nacional Constituyente desmantela la Cámara elegida en 2015, compuesta por una mayoría de representantes críticos con el chavismo, e incluso, según los defensores del legado del expresidente Hugo Chávez, supone una traición y una ruptura sin vuelta atrás con los últimos 18 años.

Lo que dejó claro la elección, en cualquier caso, es que Venezuela es desde este domingo un país más dividido. En el este y el sureste de Caracas los comicios prácticamente no se celebraron. La huelga general de 48 horas convocada la semana pasada por la MUD, materializada en cortes de vías, que se vivió desde el miércoles, impidió que en esos sectores de la capital venezolana, donde se concentra la mayoría de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral abriera los centros de votación. El diputado Juan Andrés Mejías, del partido Voluntad Popular, informó de que abrió menos del 10% de los centros en los municipios opositores de Baruta, Chacao y El Hatillo.

Pero al superar esos límites otro país salía a votar. A primera hora de la mañana, en el colegio electoral Andrés Bello, de la avenida México, en el centro de Caracas, había muy poca gente formada en filas. En el único colegio abierto en la avenida Lecuna de Caracas, también en el corazón de la capital venezolana, había unas cuantas personas más, las suficientes, en cualquier caso, para que la televisión oficial, con planos cerrados, proclamara que, desde primera hora de la mañana, la asistencia era masiva. Aun así, la concurrencia no era la de comicios presidenciales, en los que suele votar mucha más gente.

El chavismo perdió en Coche y El Valle, dos parroquias del suroeste de Caracas que, hasta el varapalo de las elecciones al Parlamento, en diciembre de 2015, eran sus bastiones principales en la capital. Pero a media mañana, en la larga avenida intercomunal que las une, había cinco colegios electorales con varias personas esperando que les autorizaran la entrada. Era un domingo distinto al que discurría en los sectores opositores, silencioso y con restos de barricadas en las esquinas.

El oficialismo

La oposición se abstuvo de participar porque no avaló la convocatoria del presidente Maduro ni las condiciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral, que reservó a la clientela del oficialismo un tercio de las diputaciones y sobrerrepresentó aquellas provincias donde el régimen conserva buena parte de sus apoyos. Como colofón a sus esfuerzos de impedir los comicios, la dirigencia de la MUD convocó a una manifestación en la autopista Francisco Fajardo. Pero la Guardia Nacional Electoral impidió que los manifestantes se concentraran en los cinco puntos dispuestos para la protesta. Fue una represión brutal que incluyó, según denuncias del dirigente nacional de Primero Justicia, José Manuel Olivares, el robo de teléfonos celulares y el lanzamiento de gases lacrimógenos y golpes.

Venezuela, en definitiva, afronta ahora un momento decisivo marcado por la violencia en el que toda posibilidad de diálogo, auspiciada especialmente en las últimas semanas por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero —y que culminó con la salida de la cárcel de Leopoldo López en un intento del Gobierno de buscar un balón de oxígeno ante la presión—, parece haberse desvanecido. Las decisiones que tomen el régimen de Maduro y los dirigentes de la MUD en las próximas horas serán determinantes para definir el futuro del país. 

Nicolás Maduro consuma con la Asamblea Constituyente su jaque a la democracia en Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro ha consumado su plan. La elección de delegados para una Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, convocada con reglas del juego que favorecen al chavismo, acabará este domingo con el Parlamento de mayoría opositora que los venezolanos votaron hace menos de dos años. Es decir, con el único contrapoder del país. Se trata de una decisión que ni los partidos de la oposición, agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ni la presión de Estados Unidos, la UE y muchos países de la región han logrado detener y que amenaza ahora con perpetuar la deriva autoritaria del Gobierno. La nueva Cámara se constituirá la primera semana de agosto.

Maduro ha decidido pegar un brinco hacia el vacío. La nueva Cámara reconfigurará la lucha de poder dentro del chavismo y va a enfrentar a Venezuela a una situación inédita en su historia contemporánea: el desconocimiento casi absoluto de la comunidad internacional a las leyes que apruebe esa instancia. El primer paso lo ha dado Colombia. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que no reconocerá los resultados de los comicios porque tienen “un origen ilegítimo”. Esta circunstancia dejaría al régimen tan aislado como alguna vez estuvo la Cuba castrista, su faro moral.

“Permitirle a Maduro avanzar con su Asamblea Constituyente sería trágico para Venezuela”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Le permitiría no sólo perpetuarse en el poder, sino contar con un séquito de seguidores que se encargarán rápidamente de desmantelar las pocas instituciones independientes que quedan en pie, como la Asamblea Nacional o el ministerio público, suspender elecciones y continuar con el espiral de violencia y represión”.

¿Cómo se gestó esa decisión? El 1 de mayo, cuando se cumplió un mes de las protestas opositoras, que aún no han cesado y en las que han fallecido más de 100 personas, Maduro convocó al llamado “poder originario” en una huida hacia adelante. Con la amenaza de liquidar a sus adversarios de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y a los desertores de su propio bando, como la fiscal general Luisa Ortega Díaz, el régimen esperaba aplacar las manifestaciones contra dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que despojaban al Parlamento de sus atribuciones. La MUD no aceptó la oferta de Maduro.

El Gobierno fijó estas elecciones tras negarse a autorizar el referéndum revocatorio solicitado por la oposición y posponer las elecciones regionales. Pero la oferta encerraba una trampa. Las bases comiciales de la Constituyente permitían al chavismo, que hoy es minoría, repartir entre los sectores afines un tercio de la Asamblea y sobrerrepresentar las provincias más rurales del país, donde conserva la mayoría de sus apoyos. Las fuerzas opositoras no presentaron candidatos y Maduro trató de presentar esa decisión como una prueba de que solo quieren derrocarle. Pero el excandidato presidencial Henrique Capriles afirmó lo contrario: “Nosotros hicimos todo para que este Gobierno entrara en razón y no lo hicieron. Ellos todavía viven de la imagen del presidente Chávez. Les toca dejar de esconderse detrás de Chávez y asumir la responsabilidad”.

A pesar de ello, hasta última hora el Gobierno intentó suspender su propia propuesta, dice Ángel Oropeza, coordinador del equipo político de la MUD: “El presidente se sentía atrapado en su propio invento, al que apeló para escapar de una consulta popular, y no sabía cómo salirse de él”. A través de sus emisarios, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, excanciller y alcalde de Caracas, respectivamente, y con la mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, presentaron varias ofertas. Pero hasta el viernes no hubo posibilidad de lograr un acuerdo.

“Un Gobierno fracturado”

“Se hicieron todos los esfuerzos, se les planteó la inconveniencia de llevar adelante esta propuesta. Pero el Gobierno no es homogéneo. Cuando creíamos que habíamos logrado un consenso resulta que la otra ala del régimen, representada por el grupo que tiene más cuentas pendientes con la justicia, se negaba a aceptar cualquier acuerdo. Ese es el problema de negociar con un Gobierno que está fracturado”, dice Oropeza.

Oropeza cree que la Constituyente es la oportunidad que siempre ha estado esperando Diosdado Cabello, el número dos del régimen, para retar el poder de Maduro. De todos los aspirantes, el poderoso vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela fue el más entusiasta en la campaña. Recorrió el país, prometió que la institucionalidad surgida de la nueva Constitución liquidaría la oposición y los tránsfugas del chavismo. Cabello aspira a presidir esa nueva instancia. Si lo logra, es muy probable que termine convertido en el presidente de facto.

Nadie, en cualquier caso, se muestra dispuesto a ceder y las perspectivas comienzan a ser cada vez más inciertas sobre Venezuela. Oropeza visualiza que las expectativas de Maduro de ponerle la lápida a la crisis venezolana no van a ser satisfechas. “Esto va a ser mucho peor. Nos adentraremos en el terreno de la ingobernabilidad. Ojalá que las soluciones lleguen antes de que sigan cayendo las víctimas”.

Vivanco considera que “la única solución para evitar este escenario es que continúe la fuerte presión en las calles a través de masivas manifestaciones pacíficas, de la mano de una presión internacional y multilateral cada vez mayor que implique, por ejemplo, la adopción de sanciones dirigidas contra funcionarios venezolanos que estén implicados en graves violaciones de derechos humanos”. La semana pasada, más de 100 congresistas colombianos y chilenos presentaron ante la Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia que responsabiliza a Caracas de crímenes como el “asesinato por instigación directa e indirecta” o “la privación del acceso a alimentos o medicinas”. Vivanco opina que “quienes cometen los gravísimos abusos que ocurren en Venezuela hoy deben saber que, tarde o temprano, rendirán cuentas por sus actos”.

El rechazo a las elecciones de hoy no proviene solo de la MUD. La Constituyente ha evidenciado una fractura dentro del chavismo. La fiscal general acusó abiertamente a Maduro de traicionar el legado de Chávez. Y figuras como Nicmer Evans, del Movimiento por la Democracia y la Inclusión, también rechazan la convocatoria. “Estamos pidiéndole al presidente Maduro que se establezca un proceso de negociación para que su renuncia permita que se vaya por la puerta de delante y que esa renuncia, que está en el marco de la Constitución, nos pueda permitir de manera absolutamente certera generar un proceso democrático de reorganización de las instituciones a partir de la convocatoria de una elección presidencial”, concluye.

UNA POLÍTICA ECONÓMICA QUE HA SUMIDO AL PAÍS EN LA RUINA

La profesora de Filosofía Política de la Universidad Simón Bolívar Colette Capriles piensa, por el contrario, que el Gobierno utilizará la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como una manera de negociar la supervivencia diaria de Nicolás Maduro, cuyas decisiones macroeconómicas han sumido en la ruina a un país que alguna vez presumió de ser el más rico de América Latina.

La Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi), un estudio conjunto realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, reveló en febrero pasado que, en 2016, el 82% de los hogares venezolanos vivía en la pobreza. Una de cada dos viviendas se hallaba entonces en la categoría de extrema pobreza. “La Asamblea Nacional Constituyente no va a ser como un comité de salud pública robesperriano. Será, sí, una carta de negociación permanente del Gobierno para seguir adelante, día a día. No es posible ver mucho más allá”, pronostica Colette Capriles.

Las preguntas tienen que ver ahora con qué pasará a partir de mañana. Muchos analistas coinciden en que el principal problema de los ciudadanos es la economía. ¿Cómo afectará a la situación el creciente aislacionismo del país? Todo depende, en buena medida, de la reacción de la oposición, la capacidad de Nicolás Maduro para resistir la presión y el precipicio al que se enfrenta Venezuela.

Con información del El País.