Yucatán

Magistrados del TSJ de Yucatán proponen reformar la Constitución para elegir su presidencia por voto interno

La iniciativa, turnada a comisiones del Congreso local, también busca revertir la elección popular de magistrados aprobada el año pasado.

Por La Revista Peninsular · 22/11/2026 10:30
Magistrados del TSJ de Yucatán proponen reformar la Constitución para elegir su presidencia por voto interno

La totalidad de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Yucatán presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional que, entre otros cambios, sustituiría la elección popular de su presidencia por una votación interna para un periodo de cuatro años. El Pleno legislativo turnó la propuesta a comisiones para su análisis previo a cualquier discusión y votación.

La relevancia del planteamiento radica en que contravendría directamente el esquema de elección por voto ciudadano establecido en la reforma judicial aprobada el año pasado, que fijó periodos de dos años para los magistrados. De aprobarse, ese modelo quedaría sin efecto y se abriría paso a una nueva estructura de gobernanza judicial en el estado.

La iniciativa reconocería constitucionalmente a Mérida como sede central del TSJ y ampliaría las facultades de sus Salas para fijar sus propias reglas de funcionamiento, estructura interna y administración de personal. También propone que el Tribunal elabore de forma autónoma su anteproyecto de presupuesto, separado de las proyecciones de los demás organismos judiciales.

En materia de disciplina, el proyecto excluiría a las magistraturas de los procedimientos de evaluación, investigación y sanción directa del Tribunal de Disciplina Judicial, aunque las mantendría sujetas al régimen general de responsabilidades administrativas. Asimismo, limitaría las atribuciones del futuro Órgano de Administración Judicial para intervenir en nombramientos y adscripciones de magistrados.

La propuesta delimita además las competencias entre el TSJ, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, con el propósito de separar las responsabilidades administrativas de las funciones jurisdiccionales. Esta separación se alinea al modelo que el sistema federal tiene previsto poner en marcha en septiembre de 2027.

El análisis en comisiones determinará si la iniciativa avanza a discusión en el Pleno. La proximidad de la entrada en funciones del nuevo modelo de administración judicial federal impone un calendario de presión para los legisladores locales.

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