Marea Verde exige revisar sentencia por violación a menor en Chetumal y cuestiona prisión domiciliaria al agresor

El colectivo Marea Verde exigió a las autoridades judiciales de Quintana Roo revisar de manera integral la resolución condenatoria dictada contra Derek Alexander Schultz Hernández por el delito de violación cometido contra una víctima menor de edad en Chetumal, luego de que la sentencia estableció prisión domiciliaria de un año con posibilidad de salidas del domicilio por motivos de salud, estudios y comparecencias judiciales.

La condena, aunque reconoce la culpabilidad del agresor, fija condiciones que el colectivo considera insuficientes para proteger a la víctima. La representante legal de la menor interpuso un recurso de apelación para revisar los alcances de la resolución, lo que somete a la niña a una nueva etapa del proceso judicial.

La resolución incluyó el pago de una reparación del daño moral, pero el juzgado descartó la reparación material al considerar que no fue debidamente acreditada. Marea Verde rechazó ese criterio y pidió al Poder Judicial valorar la proporcionalidad de las medidas impuestas, las afectaciones sufridas por la víctima, sus necesidades de protección y el alcance integral de la reparación, con perspectiva de género e interés superior de la niñez.

El colectivo también exigió a la Fiscalía General del Estado sostener una actuación diligente durante la revisión de la resolución y ejercer sus atribuciones en defensa de la legalidad y los derechos de la víctima. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le demandó garantizar acompañamiento jurídico efectivo e impulsar que la reparación responda a las afectaciones que puedan acreditarse.

Marea Verde advirtió que una sentencia condenatoria no basta si no conlleva consecuencias reales para el agresor, y subrayó que la condición de estudiante, deportista o futuro profesionista vinculado al área de la salud no atenúa la responsabilidad penal. El recurso de apelación interpuesto definirá si las medidas se ajustan a los estándares de derechos humanos que el Estado está obligado a garantizar.