México frena reclamo millonario de Vulcan por caso Calica
México obtuvo un resultado favorable en el arbitraje internacional promovido por Vulcan Legacy LLC, filial de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, por las medidas aplicadas contra las operaciones de Calizas Industriales del Carmen, conocida como Calica, en Quintana Roo.
El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones desestimó casi todas las reclamaciones presentadas por la compañía contra el Estado mexicano. La controversia se encontraba relacionada con distintas acciones adoptadas por autoridades federales y estatales entre 2018 y 2022, las cuales, según la empresa, afectaron sus proyectos de extracción de piedra caliza.
El procedimiento fue iniciado al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vulcan argumentó que México incumplió compromisos previamente establecidos y ordenó de manera arbitraria la suspensión de parte de sus operaciones en la Riviera Maya.
El tribunal solamente dio la razón a la compañía en una reclamación relacionada con la clausura de uno de los predios de Calica, ocurrida en enero de 2018. Sin embargo, la compensación derivada de este punto representa menos del uno por ciento del monto originalmente exigido por Vulcan.
La empresa estadounidense solicitaba una indemnización superior a los mil 700 millones de dólares. De acuerdo con información difundida tras conocerse la resolución, la cantidad que deberá cubrir México rondaría los 15 millones de dólares, una cifra considerablemente menor a la pretendida por la compañía.
Aunque el Gobierno mexicano presentó el resultado como una victoria, Vulcan sostuvo que el tribunal reconoció que México incumplió algunas disposiciones del TLCAN. No obstante, la propia empresa calificó como insignificante la compensación económica otorgada, sin precisar inicialmente la cantidad establecida en el fallo.
El conflicto tiene su origen en las operaciones de extracción de roca caliza realizadas durante décadas por Calica en la costa de Quintana Roo. Las autoridades mexicanas acusaron a la compañía de ocasionar daños ambientales en la región, principalmente por la explotación de material por debajo del manto freático.
Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno señaló que las actividades de la empresa habían afectado cenotes, ríos subterráneos y diferentes ecosistemas de la zona. Vulcan, por su parte, negó haber actuado fuera de la legislación y acusó a las autoridades de realizar una expropiación ilegal de sus propiedades.
La disputa escaló en 2022, cuando las autoridades ordenaron suspender las actividades de extracción de piedra caliza. Posteriormente, los terrenos vinculados con las instalaciones de la compañía fueron incluidos dentro de una zona de protección ambiental, lo que incrementó las diferencias entre la empresa y el Gobierno mexicano.
La Secretaría de Economía informó que analizará detalladamente el contenido del fallo para determinar las acciones legales que se encuentren disponibles dentro del marco jurídico internacional. La resolución también deberá ser revisada para conocer sus posibles efectos sobre otros procedimientos relacionados con los terrenos, el puerto y las instalaciones de Calica.
El Gobierno federal aseguró que el resultado no modifica su compromiso con la inversión extranjera, siempre que esta genere innovación, empleos bien remunerados y desarrollo económico, además de respetar las disposiciones ambientales mexicanas.
La decisión del CIADI representa un resultado ampliamente favorable para México debido a que evita el pago de una indemnización multimillonaria. Sin embargo, el fallo no supone que todas las acciones de las autoridades hayan sido avaladas, pues el tribunal reconoció al menos una responsabilidad vinculada con la clausura realizada en 2018.
El caso Calica se convirtió durante los últimos años en uno de los conflictos empresariales y ambientales más relevantes entre México y Estados Unidos. Su resolución reduce de manera significativa el impacto económico inmediato para el Estado mexicano, aunque la disputa sobre el futuro de los terrenos y las instalaciones ubicadas en Quintana Roo podría continuar en otras instancias legales.