Morena impulsa Defensoría Inquilinaria en CDMX para mediar entre propietarios e inquilinos

La diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presentó los alcances de la Defensoría Inquilinaria, figura central de la iniciativa de Ley de Rentas Justas impulsada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, que busca mediar en conflictos entre arrendadores y arrendatarios capitalinos.

La instancia adquiere relevancia porque, según Bravo, propietarios e inquilinos enfrentan hoy sus diferencias sin más opciones que demandas civiles o procesos penales, caminos costosos en tiempo y dinero. La Defensoría vendría a cubrir ese vacío con mediación, vigilancia de derechos y aplicación de sanciones a ambas partes.

El organismo estará facultado para intervenir cuando los incrementos de renta superen la inflación, y para sancionar casos de discriminación: negarse a arrendar por razones de origen étnico, vestimenta, lengua materna, presencia de hijos menores o tenencia de mascotas. Bravo recordó que los animales de compañía son reconocidos como seres sintientes en la capital desde agosto de 2025, por lo que su exclusión como motivo de rechazo ya cuenta con base legal.

El problema que la ley busca atender no es menor: 26.9% de las viviendas ocupadas en la Ciudad de México —alrededor de 812,068 hogares— son rentadas, según la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De los hogares en alquiler en todo el país, 30.4% tienen a una mujer como jefa de familia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 del mismo organismo; ese segmento, advirtió Bravo, es el más vulnerable ante alzas sin previo aviso.

La iniciativa enfrenta resistencia de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pese a que este último es aliado político de Morena. Bravo sostuvo que su grupo parlamentario tiene votos suficientes para aprobar la ley en solitario, pero que prefiere construir consensos.

En noviembre arrancará un Parlamento Abierto en el Congreso local con foros de discusión en los que participarán organizaciones inmobiliarias, cámaras de construcción, colectivos ciudadanos y especialistas en vivienda.

Con un precio promedio de 3.6 millones de pesos para un departamento de dos recámaras y 65 metros cuadrados —según el portal Inmuebles24—, Bravo advirtió que la falta de regulación acelera la expulsión de habitantes hacia las periferias y alimenta asentamientos irregulares en suelo de conservación. «La intención de esta ley es que se les cuide, que se les proteja, y que se regule la gentrificación en la ciudad», precisó la legisladora.