Muere octavo padre de normalista de Ayotzinapa sin saber el paradero de su hijo

Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello —uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014—, murió el 21 de agosto de 2026 en Omeapa, municipio de Tixtla, Guerrero, sin haber conocido el paradero de su hijo.

Rodríguez Morales se convierte así en el octavo familiar de un normalista desaparecido que fallece con la herida abierta. Su muerte subraya el costo humano de casi 12 años de impunidad: los padres y madres que sobreviven siguen sin obtener verdad, justicia ni reparación del daño.

Everardo Rodríguez Bello tenía 21 años cuando desapareció; técnico en mecánica automotriz egresado del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), era conocido en su comunidad como «El Shaggy». Don Francisco era viudo: su esposa, Minerva Bello Guerrero, madre de Everardo, había fallecido en febrero de 2018 consumida por el cáncer y la desolación. Antes de morir, ella pidió a su hija que encontrara a su hermano y lo abrazara; el padre prometió que lo hallaría. Murió fiel a esa promesa, sin cumplirla.

El 27 de agosto pasado, las familias de los normalistas sostuvieron su séptima reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los funcionarios presentaron cuatro líneas de avance: la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero —acusado de obstrucción de la justicia y desaparición forzada por ocultar evidencia—; la identificación de personas que usaron los teléfonos celulares y chips de al menos nueve estudiantes, activos semanas e incluso hasta 2015 tras los hechos; 37 nuevas acciones de búsqueda en campo en comunidades de la periferia de Iguala; y la digitalización de más de cinco millones de hojas agrupadas en tres mil tomos del expediente.

Los padres y madres valoraron la detención de Aguirre Rivero, pero advirtieron que persisten tres exigencias sin respuesta: el regreso de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), la entrega por parte del Ejército de más de 800 folios clasificados clave para la investigación, y la extradición de Tomás Zerón —radicado en Israel— y de Ulises Bernabé —en Estados Unidos—, juez de barandilla en Iguala durante los hechos de 2014.