Once millones por La Adictiva en 2023 avivan la pregunta sobre el costo del Grito 2026 en Mérida

El gobierno del Estado pagó once millones 716 mil pesos por la presentación de la banda La Adictiva en la ceremonia del Grito de Independencia del 15 de septiembre de 2023, en la Plaza Grande de Mérida. El monto, cubierto en dos partes durante julio y septiembre de ese año, fue abonado al proveedor identificado como Julio Noel Pusi Carrión, según documentos oficiales. La cifra resurge ahora porque la misma agrupación encabezó el espectáculo del Grito 2026 y aún no se conoce cuánto costó esa actuación al erario.

El contraste con otros contratos recientes amplifica la inquietud. El Ayuntamiento de San Francisco de Campeche pagó cerca de cinco millones de pesos —impuestos incluidos— por la presentación de La Adictiva durante el Carnaval 2026, según el contrato correspondiente. La diferencia de más de seis millones de pesos entre ambos eventos, sin que medie una explicación pública, es el punto que los críticos señalan mientras el gobierno de Joaquín Díaz Mena no revela el monto de la contratación de 2026.

La pregunta sobre el gasto en espectáculos coincide con señales de tensión en las finanzas del Ejecutivo estatal. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas de Yucatán, que encabeza Jervis García Vázquez, alertó sobre un «ambiente controlado» impuesto por la Subsecretaría de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para contener el gasto de personal en lo que resta del ejercicio fiscal 2026. Un comunicado oficial atribuyó la medida a criterios de «eficiencia y austeridad» orientados a garantizar «un cierre ordenado» y a proteger salarios, aguinaldos y prestaciones de fin de año. Fuentes del sector público precisaron que esas obligaciones ya están consignadas desde diciembre de 2025 en el Capítulo 1000 del presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, conforme al artículo 30, fracción VI, de la Constitución de Yucatán, por lo que no requieren ningún «ambiente controlado» para cumplirse.

La fricción entre el sindicato y la SAF tiene nombre propio: la subsecretaria de Recursos Humanos, Aimeé Trujeque Ávila, a quien se atribuyen las decisiones sobre la situación salarial de más de 20 mil trabajadores del Poder Ejecutivo. Empleados consultados señalaron que fue ella quien suprimió el reparto de pavos de fin de año que administraciones anteriores entregaban al personal, y que ahora busca condicionar las comisiones sindicales de emergencia a un aviso previo de cinco días. García Vázquez ya advirtió que el sindicato recurrirá a paros en las dependencias que vulneren derechos de sus agremiados.

En otro flanco del gobierno estatal, la designación de Carlos Augusto Mena Baduy como subsecretario de Competitividad y Financiamiento de la Secretaría de Economía y Trabajo ha generado incomodidad en sectores de la coalición gobernante. Mena Baduy —quien ocupa el cargo desde fines de julio, en sustitución del fallecido Alberto del Río Leal— es señalado como cercano a Rogerio Castro Vázquez, exdelegado de Bienestar en Yucatán y exsecretario general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), figura que no goza de la confianza del gobernador Díaz Mena según fuentes internas. Cuando Castro Vázquez dirigía el Infonavit, Mena Baduy fue contratado como prestador de servicios en materia de consultoría con pagos de 150 mil pesos mensuales, de acuerdo con reportes. Ahora figura en el organigrama que encabeza el secretario Ermilo Barrera Novelo.