“Otros datos” Ponen en tela de juicio el trabajo de la ASF

Editorial La Revista Peninsular

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los resultados del Ejercicio de Cuenta Pública 2019, lo que nos permitió constatar la compleja situación en la cual se encuentran las finanzas públicas país. El esfuerzo titánico llevado a cabo para fiscalizar a todas las instituciones que utilizaron recursos federales durante el primer año de gobierno de López Obrador arrojó múltiples irregularidades, cuyos montos, en total, ascienden a más de 67 mil millones de pesos. No obstante, el presidente afirmó tener otros datos, lo cual trae incertidumbre respecto a la veracidad de este ejercicio tan importante para la administración pública mexicana.

David Colmenares Páramo, titular de la ASF, presentó a la Cámara de Diputados la tercera entrega del Ejercicio de Cuenta Pública 2019 durante un evento virtual el pasado sábado 20 de febrero. Se fiscalizó a todas las entidades que ejercieron recursos públicos federales durante en el primer año del actual gobierno, como a los órganos del poder legislativo, los entes públicos federales, los estados y los municipios. Además, se indagó sobre la operación de los megaproyectos y la adquisición de insumos de salud.

Se observó el uso incorrecto de 67 mil 498 millones de pesos, cantidad superior a la correspondiente al primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto. Utilizar recursos para fines distintos a los establecidos en los programas sociales, no comprobar erogaciones o la realización de depósitos a cuentas distintas a las reportadas son algunos de los motivos por los cuales se señaló la cantidad mencionada y se emitieron 2,606 recomendaciones a los entes auditados. Asimismo, se entablaron 1,804 procedimientos para fincar responsabilidades resarcitorias contra los servidores públicos que resulten culpables por las irregularidades detectadas.

En relación a los proyectos torales del gobierno federal, se confirmó que Dos Bocas es económicamente inviable, en el Tren Maya faltaron por declararse 56 millones de pesos y el costo real del nuevo aeropuerto sería de casi 332 mil millones de pesos. Sobre este último proyecto, el ejecutivo había dicho que costaría 100 mil millones de pesos.

Por si no fuese poco, la ASF compartió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se mostró resistente a los procesos de fiscalización. Según informó el órgano auditor, la secretaría encargada de vigilar el control interno gubernamental, evaluar la gestión administrativa e inspeccionar el gasto público no les permitió a los auditores acceder a las instalaciones ni al archivo. Aún más, funcionarios de la SFP se rehusaron a comparecer ante la ASF y negaron información sobre asuntos relevantes.

Ante estas observaciones, el presidente López Obrador respondió que la ASF exageraba y su información estaba mal ya que “él tenía otros datos”. También reprochó que difundieran esta información pues sus adversarios la usaban para atacar a su gobierno, e hizo énfasis en que las cantidades expuestas relativas al nuevo aeropuerto eran erróneas.

Posteriormente, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, reiteró a medios de comunicación que las estimaciones respecto al aeropuerto eran falsas. Explicó que, después de analizar la fiscalización de este proyecto, encontró errores en el 75% de la auditoría. El secretario dijo que esto se trataba de un error básico o un acto de mala fe, pues las equivocaciones eran propias de contabilidad financiera básica y extrañas en un instituto experto como lo es la ASF.

La Auditoría Superior cedió a estos señalamientos y reconoció inconsistencias en su metodología, específicamente en lo relacionado al aeropuerto pues admitió que el costo la obra era menor a lo presentado. Comunicó que revisaría a fondo el contendió de la auditoría y en los próximos días se sabría el monto real.

Parece que el gobierno federal tiene la intención de desacreditar el Ejercicio de Cuenta Pública 2019 con las presuntas inconsistencias en la información del aeropuerto, pero no se debe pasar por alto que esta es una de las más de mil fiscalizaciones hechas a todo el aparato administrativo. Aún más, la ASF explicó que debía rectificar el costo del aeropuerto pues era menor a lo presentado, pero todo indica a que seguirá siendo una cantidad mayor planteada inicialmente por el gobierno.

Este error confeso de la ASF les permitió a funcionarios poder alegar equivocaciones en las auditorías realizadas a las entidades o dependencias que encabezan. Si bien, es válido hacer notar errores, esto debe ser respaldado con datos duros e información veraz, con la misma rigurosidad con la que presenta su información la Auditoría Superior. De lo contrario, un ejercicio técnico de seguimiento gubernamental sería relegado a una batalla de dimes y diretes.

Finalmente, es necesario dimensionar los alcances de este error pues, de ser cierto, significaría que el secretario de Hacienda está en lo correcto: se actuó de mala fe o por errores básicos. Independientemente de cual fuese el caso, correspondería la dimisión de David Colmenares Páramo.

El sábado se dio a conocer la Cuenta Pública 2019 y se comprobó que la administración de Andrés Manuel López Obrador utilizó incorrectamente miles de millones de pesos durante su primer año. Ni programas sociales, ni repartición a entidades ni los megaproyectos estuvieron a salvo de observaciones; excepto, tal vez, la construcción del nuevo aeropuerto pues se admitieron errores en la información presentada. Estas inconsistencias abrieron la puerta para que varios funcionarios aleguen errores contra sus dependencias, pero prácticamente ninguno ha presentado pruebas al respecto. Los servidores públicos están en todo su derecho de defenderse ante señalamientos infundados, por lo que nos corresponde a la sociedad exigir que se mantengan en una dinámica de corroborar información y no de intercambiar denostaciones, como exige los procesos de auditoría.

Las siguientes semanas serán determinantes, ya sea para el futuro del gobierno federal actual o de la ASF.