Pedro Ayala, exalcalde de Palizada, podría pasar 14 años en prisión por presunto peculado
El exalcalde de Palizada, Campeche, Pedro Ayala Cámara, podría enfrentar una condena de hasta 14 años de prisión, además de la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos, si las autoridades acreditan su responsabilidad en el presunto delito de peculado relacionado con irregularidades financieras superiores a los 46 millones de pesos durante los primeros meses de su administración municipal.
Las observaciones fueron realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), que identificó posibles anomalías en el manejo de recursos públicos correspondientes al último trimestre de 2024. Los hallazgos han generado cuestionamientos sobre la administración del exfuncionario y la necesidad de esclarecer el destino de los recursos.
José Alfredo Cardeña Vázquez, expresidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche, explicó que las posibles sanciones dependerán de que las autoridades logren demostrar que las irregularidades detectadas constituyen un delito y no solamente faltas administrativas.
El especialista señaló que, para configurar el delito de peculado, deberá acreditarse que los recursos públicos fueron utilizados de manera indebida para beneficiar al propio funcionario, a familiares o a terceras personas. En ese sentido, destacó la importancia de realizar una investigación exhaustiva que permita determinar el destino del dinero y establecer las responsabilidades correspondientes.
De acuerdo con el artículo 223 del Código Penal Federal, las sanciones por peculado pueden alcanzar entre dos y 14 años de prisión cuando el monto involucrado supera el límite establecido de 500 unidades de medida y actualización (UMA). Asimismo, la legislación contempla multas económicas, destitución e inhabilitación para desempeñar funciones públicas, que podría extenderse hasta por 20 años, dependiendo de las circunstancias del caso y las disposiciones aplicables.
No obstante, Cardeña Vázquez aclaró que las observaciones financieras no representan, por sí mismas, una prueba de responsabilidad penal. Será necesario que las instancias correspondientes integren las investigaciones y presenten los elementos suficientes para demostrar la existencia de un delito.
En caso de contar con pruebas que respalden un posible desvío de recursos, la Asecam podrá presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, organismo encargado de investigar los hechos y, si procede, ejercer acción penal ante las autoridades judiciales.
Respecto a la posibilidad de que Ayala Cámara sea encarcelado durante el proceso, el abogado explicó que el peculado no contempla prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la Fiscalía podría solicitar prisión preventiva justificada si acredita circunstancias que representen un riesgo para el desarrollo del procedimiento, como la posibilidad de que el imputado intente evadir la justicia.
El caso adquiere mayor relevancia debido a los antecedentes judiciales del exalcalde, quien ya enfrentó un proceso penal por peculado en 2018. El 15 de enero de ese año, cuando gobernaba Palizada bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), fue detenido por el presunto desvío de un millón 310 mil pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS).
Aquellos recursos estaban destinados a la construcción de 31 baños en diversas comunidades del municipio. Tras su detención, Ayala Cámara fue vinculado a proceso e ingresó al Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén.
Posteriormente, el entonces funcionario se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció su culpabilidad, lo que derivó en su excarcelación después de cubrir un millón 310 mil 978 pesos por concepto de reparación del daño y una multa adicional de 25 mil pesos.
Las nuevas irregularidades detectadas por la Asecam colocan nuevamente bajo escrutinio la gestión de Pedro Ayala Cámara, cuya salida de la administración municipal ocurrió en medio de cuestionamientos sobre el manejo de las finanzas públicas.
Por ahora, las posibles sanciones permanecen sujetas al desarrollo de las investigaciones y a las resoluciones de las autoridades competentes. Mientras tanto, el caso mantiene abierta la exigencia de esclarecer el destino de los más de 46 millones de pesos observados y determinar si existieron conductas que ameriten responsabilidades penales.