Pescadores rechazan informe de Layda Sansores y elevan presión al Gobierno de Campeche
La inconformidad entre pescadores ribereños de Campeche y el Gobierno del Estado aumentó luego de que representantes del sector anunciaran nuevas acciones de protesta y decidieran no asistir al informe de gobierno de la gobernadora Layda Sansores, ante lo que califican como una falta de respuesta efectiva a sus principales demandas.
Integrantes de la Federación de Comunidades Pesqueras Ribereñas y Acuicultores del Municipio de Campeche, que reúne a trabajadores de zonas como Lerma, San Román y Seybaplaya, señalaron que mantienen pendientes diversos compromisos relacionados con apoyos económicos, combustible, vigilancia contra la pesca ilegal y distribución de recursos vinculados con la actividad petrolera.
Los inconformes aseguran que no han recibido una atención directa suficiente por parte del Ejecutivo estatal y sostienen que el conflicto se ha agravado tras diversas manifestaciones realizadas durante actos públicos.
Uno de los principales reclamos se relaciona con el apoyo económico que reciben actualmente los pescadores, de aproximadamente 4 mil pesos anuales. Representantes del sector consideran que el monto es insuficiente frente al incremento de los costos de operación y han solicitado una ampliación por una cantidad similar.
De acuerdo con los propios pescadores, la propuesta se encuentra bajo análisis de las autoridades financieras estatales.
Otro de los puntos del pliego petitorio se concentra en la administración de recursos destinados a las comunidades pesqueras por afectaciones relacionadas con la actividad petrolera. La federación ha pedido mayor transparencia en el manejo de estos fondos, así como mecanismos que permitan entregar los apoyos directamente a los beneficiarios y reducir la participación de intermediarios.
Los trabajadores del mar también reclaman un esquema de subsidios para el diésel y la gasolina utilizados en la actividad pesquera, argumentando que el encarecimiento de los combustibles reduce considerablemente la rentabilidad de las jornadas de pesca.
Las autoridades estatales han reconocido la petición, aunque su eventual implementación estaría condicionada a la presentación de un proyecto técnico que detalle las necesidades y características del apoyo requerido por las cooperativas.
El combate a la pesca furtiva representa otra de las principales exigencias. Los pescadores solicitan una mayor intervención de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y de las autoridades estatales para impedir la captura de especies durante los periodos de veda, una práctica que, aseguran, afecta la disponibilidad de recursos y perjudica a quienes desarrollan la actividad de manera legal.
Asimismo, representantes de las comunidades del norte y centro de Campeche reclaman una mayor participación en las decisiones relacionadas con el sector. Consideran que históricamente se ha dado mayor atención a las necesidades pesqueras de Ciudad del Carmen, por lo que demandan una distribución más equilibrada de recursos y representación.
La decisión de no acudir al informe de la gobernadora fue justificada por la organización como una medida ante el clima de desconfianza existente entre sus integrantes.
Representantes como José del Carmen Huicab Fernández y Abraham Martínez Caamal señalaron que existe preocupación por la seguridad de los dirigentes durante actos oficiales y mencionaron como antecedente detenciones de activistas ocurridas durante eventos anteriores.
Hasta ahora, el sector pesquero mantiene sus exigencias y busca que los cuatro principales puntos de su pliego sean atendidos mediante acuerdos concretos, mientras aumenta la presión sobre el Gobierno de Campeche para alcanzar una salida al conflicto.