Por un Yucatán y un México fuertes
Editorial.
Editorial La Revista Peninsular
La realidad nos exige a la sociedad, a la Iniciativa Privada, y al gobierno, establecer medidas concretas para afrontar la crisis ocasionada por el Covid-19. No podemos limitar el objetivo de estas medidas a la mitigación de contagios, a estas alturas es imperante comenzar a generar condiciones favorables para el periodo de reconstrucción que vendrá después de esta crisis, lo cual solo será posible velando por el bienestar integral de los ciudadanos lo antes posible.
El tiempo para pensar ya terminó, ahora es tiempo de actuar. Este tema estuvo en el debate mediático por más de una semana, y permitió que emanaran posturas enriquecedoras por parte de personajes sociales, y recomendaciones pertinentes por parte del sector privado; sin embargo, es el gobierno quien debe coincidir con estas ideas, pues es el único facultado para hacerlas valer por todos.
El gobierno de Yucatán anunció que gestionaría apoyos para la población consistentes en la condonación del pago de recolección de basura y agua potable por dos meses, así como el pago del cincuenta por ciento de los recibos de luz de las viviendas que mantengan un consumo de hasta cuatrocientos kilowatts por hora.
Mauricio Vila había destacado en los en los últimos días por mantener una estrategia de comunicación sólida, a diferencia de la estrategia del gobierno federal que ha sido calificada como “esquizofrénica” por sostener dos posturas distintas al mismo tiempo, y ahora se consolida como un referente nacional gracias la postura proactiva que demostró, lo cual le es útil para restablecer sus índices de popularidad, los cuales disminuyeron considerablemente desde principios de año.
El actuar del gobierno yucateco, si bien es digno de reconocer, implica un impacto modesto debido a sus limitadas atribuciones legales y a su escueta capacidad presupuestal. Quien tiene las facultades y los recursos para generar acciones de alto impacto en la economía de las personas es el gobierno federal, pero hasta este momento solamente ha anunciado medidas para reducir el índice de contagios.
Este pasado lunes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la declaración de la emergencia sanitaria debido al aumento exponencial de casos de Covid-19, y se presentaron siete disposiciones para enfrentarla, las cuales básicamente prolongaban las medidas ya estipuladas, del diecinueve de abril al treinta del mismo mes. Medidas como mantener una sana distancia entre las personas, el aislamiento, el cierre de trabajos, el cierre de plazas, o la protección a adultos mayores, se quedan en el objetivo de reducir contagios, pero no contemplan garantizar el bienestar integral de las personas.
El gobierno federal difunde de manera implacable el mensaje de que, por la emergencia declarada, los patrones no tienen sustento legal para correr, retener el sueldo, o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores; este mensaje contempla a todo tipo de patrones, desde pequeños comercios hasta grandes corporativos. Si bien, a primera vista parece una postura noble, el problema es que el gobierno no plantea apoyos para los empresarios como prórrogas para pagos de impuestos, y con el flujo económico actual, el sector privado no tendrá liquidez para poder pagarles a sus trabajadores.
El gobierno obliga a los empresarios a lo imposible, y no les ayuda.
Además, el mensaje del gobierno es superficial al no especificar alternativas de acción para los patrones ante la imposibilidad de cumplir sus obligaciones, o espacios de negociación entre trabajadores y patrones para fijar condiciones de trabajo temporales durante la duración de la contingencia, lo que relega al sector obrero a un estado de incertidumbre.
No parece haber una concepción integral del bienestar de la población en las medidas establecidas por el gobierno federal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el próximo cinco de abril, en el marco de su informe trimestral, presentaría un plan de reactivación económica por el Covid-19. Esperemos que este plan se traduzca en medidas concretas, y contemple un enfoque integral, pero sobretodo que esté sustentado en datos reales y comprobables, pues el gobierno federal tiende a trabajar sobre “cifras felices”.
Ahora es cuando sentamos las bases de la dinámica que habrá de seguir la sociedad, las empresas, y el Estado durante lo que resta de la cuarentena, y comenzamos a moldear el México que queremos ver cuando termine la tempestad.
Qué tan fuerte será ese México dependerá de la rapidez y capacidad con la que empecemos a construirlo.