Presidente de Guatemala expulsa a perseguidor especial de corruptos

GUATEMALA.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró no grato al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en este país (Cicig), el abogado colombiano Iván Velásquez, al que ordenó abandonar inmediatamente el país.

La decisión ha sido anunciada por el mandatario luego de que la Cicig y el Ministerio Público (MP) solicitaran el pasado viernes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se le levante la inmunidad al mandatario para que sea investigado por el delito de financiación electoral ilícita.

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y de conformidad con el Artículo 183 Inciso C de la Constitución, declaro non grato a Iván Velásquez en su calidad de comisionado de la Cicig y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala", dijo el presidente.

Morales dio instrucciones a su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, para que cumpla con el marco legal diplomático a fin de que Iván Velásquez, quien lleva al frente de la Cicig desde 2013, "abandone inmediatamente el territorio de la República de Guatemala".

El presidente guatemalteco explicó que su decisión la adoptó basándose en la Constitución Política, la Convención de Viena y el acuerdo firmado en 2006 entre el Gobierno de Guatemala y la ONU para la creación de la Cicig, que se estableció en el país centroamericano en 2007.

PRESIDENTE ACECHADO
La Cicig y el MP presentaron el pasado viernes a la Corte de Justicia que le levante la inmunidad a Morales por supuestamente haber recibido dinero en la campaña el cual no fue declarado al Tribuna Supremo Electoral (TSE).

El presidente guatemalteco no explicó en su mensaje si declaró non grato al jurista colombiano por esa petición o por otras razones.

El pasado viernes durante una entrevista con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en Nueva York, Morales le solicitó que la Cicig se circunscriba a su mandato.

La Cicig fue creada para contribuir con Guatemala en la investigación y desarticulación de estructuras clandestinas de seguridad.

Desde abril de 2015 se han desmantelado una docena de grupos criminales, entre ellos el denominado ‘La Línea’, dedicado a la defraudación aduanera que mantiene en prisión preventiva y procesado al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidente Roxana Baldetti, entre otros.

ONU EXIGE RESPETO
La ONU defendió la "decisiva contribución" del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, y pidió que las autoridades guatemaltecas lo traten con "respeto" tras obligarle a abandonar el país.

En un comunicado de su portavoz, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar "impactado" por la expulsión del abogado colombiano, que fue declarado persona "non grata" por el presidente Morales.

Guterres "espera totalmente que Velásquez sea tratado por las autoridades guatemaltecas con el respeto debido a sus funciones como funcionario internacional", señaló el portavoz, Stephane Dujarric.

Bajo el liderazgo del comisionado Velásquez, Cicig ha hecho una contribución decisiva al fortalecimiento de las instituciones del sector de la justicia en Guatemala, ayudando a asegurar que se hacía justicia en numerosos casos", destacó el jefe de Naciones Unidas.

Velásquez ha trabajado incansablemente para promocionar una cultura que defiende el imperio de la ley y rechaza la corrupción", añadió.

IVÁN 'EL TEMIBLE'
A Iván Velásquez, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, los indignados le apodaron "el temible" y ese miedo que infunde allá por donde pasa ha llevado al presidente guatemalteco a declararlo persona "non grata" y pedirle que abandone inmediatamente el país.

Velásquez (Medellín, Colombia; 1955) es un hombre con una misión. O era: limpiar la podredumbre que rodea a funcionarios y empresarios, atacar la corrupción y la impunidad endémicas, y combatir el crimen organizado.

Desde que asumió el mandato de la Cicig en el año 2013, un ente adscrito a la ONU desde su creación en 2007, su mensaje en favor de la justicia y en contra de la impunidad no titubeó.

Durante 2015, junto con el Ministerio Público (MP-Fiscalía), mantuvo en vilo al país y terminó precipitando la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina, y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, después de que el Congreso les retirara la inmunidad y emitiera una orden de captura.

Desde entonces, Velásquez, junto a su "fiel seguidora" la fiscal general, Thelma Aldana, han desarticulado decenas de casos, uno de los cuales involucra a José Manuel y Sammy, hijo y hermano, respectivamente, del presidente, y otro al propio mandatario. Probablemente el punto de inflexión para echarlo del país.

Toda esta lucha no es ajena para el exjuez colombiano Velásquez, ni tampoco su implicación en procesos de investigación extensos, complejos y peligrosos.

En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, y un año después fue electo como director regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999), donde en conjunto con un equipo de investigadores inició una lucha frontal contra los grupos de autodefensas.

Fue electo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia en el 2000. A partir de 2006 hasta agosto de 2012, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas.

También reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados "narcopolíticos".

Fue ahí donde, como juez auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, lideró las investigaciones que acabaron en la condena de decenas de políticos por su relación con grupos paramilitares, entre ellos un familiar del expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010).

Velásquez, quien estudió Derecho en la Universidad de Antioquia, fue director del Colegio Antioqueño de Abogados "Colegas", donde adelantó campañas contra el entonces denominado "Estatuto de defensa de la justicia", que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos.

Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia, donde inició investigaciones relacionadas con torturas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población civil.

En ese cargo logró consolidar la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, la cual atendía denuncias de graves violaciones a los Derechos Humanos, y también impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos, en el que participaron organizaciones sociales, iglesia Católica y autoridades.

En 2011 la International Bar Association (IBA) le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos, y en 2012 la Asociación de Jueces Alemanes lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales.

jrr