Pueblos indígenas denuncian exclusión de la consulta sobre la ley que los regula

El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación convocaron el 29 de junio de 2025 a una consulta sobre la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas sin incluir de manera directa a las comunidades que la norma busca regular.

La ausencia de una participación directa de los pueblos indígenas y afromexicanos en el diseño de la consulta pone en entredicho la legitimidad de una ley que definirá el ejercicio de sus derechos constitucionales, entre ellos autonomía, territorio y libre determinación.

En lugar de convocar directamente a las comunidades, el proceso se apoyó en un comité técnico asesor y en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, organismo creado desde el propio INPI y que carece de reconocimiento por parte de los pueblos involucrados. La convocatoria contó con el aval de la Presidenta de la República, quien designó a su consejera jurídica para acompañar los trabajos del instituto.

De acuerdo con representantes indígenas consultados sobre el proceso, la consulta dispone de solo tres meses y medio para que las comunidades revisen y respondan a un proyecto de 453 artículos y 11 transitorios, un plazo que consideran insuficiente frente a la complejidad del documento.

La propia norma llega con retraso: un transitorio de la reforma constitucional fijó 180 días para emitir la ley reglamentaria, término que venció meses antes de que arrancara la consulta actual.

La reforma constitucional al artículo 2, aprobada en septiembre de 2024, reconoció a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público y estableció la obligación de legislar en la materia mediante mecanismos de consulta previa, libre e informada.

Organizaciones indígenas han exigido a Gobernación y al INPI ampliar el plazo y abrir espacios de participación directa antes de que el proyecto se turne al Congreso, donde se definirá su versión final.