¿Qué más vamos a aguantar?

Editorial La Revista Peninsular.

Nuestro presidente no tiene ningún interés en respetar la autonomía de los poderes de gobierno ni de los órganos constitucionales. Desde que inició el sexenio, la búsqueda por dominar los tres poderes fue clara; el poder legislativo lo tenía amarrado con mayoría en ambas Cámaras, pero el poder judicial parecía una batalla más complicada.

Parecía más complicada porque no había manera sutil de inmiscuirse en éste poder, a diferencia del legislativo, donde fue mediante el voto popular y coaliciones. Esto no le importó al presidente, y sabiendo que contaba con una popularidad que le permitiría absorber el golpe, en marzo se nombró a Yasmín Esquivel Mossa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con este nombramiento, el presidente López Obrador consolidó su victoria sobre el poder judicial, ya que la ministra Esquivel Mossa es esposa de José María Riobóo, asesor del presidente y de los principales encargados del proyecto del nuevo aeropuerto internacional.

Muchos pecamos de ingenuos y pensamos que el hambre de poder de Andrés Manuel se había saciado, pero postró su vista sobre los órganos autónomos constitucionales. Estos institutos son los que crea nuestra Constitución para ejercer alguna tarea en específico, que por lo delicada de ésta es necesario que sean independientes del gobierno para que haya mayor certeza sobre el trabajo que desempeñan.

Así, nuestro presidente sometió a la Comisión Reguladora de Energía en un bochornoso proceso en el que presentó una terna a los legisladores, estos le rechazaron todos los candidatos por no estar capacitados para el puesto, y luego el presidente presentó la misma terna a sabiendas que si se la volvían a rechazar, él elegiría a quien le plazca.

Al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no lo sometió, lo destruyó.

El último desplante de Obrador contra los organismos autónomos fue la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace unos días. Fue un triste episodio para la democracia mexicana, ya que los legisladores de Morena, bajo instrucciones de Andrés Manuel, faltaron a toda legalidad invistiendo como ombudsperson a Rosario Piedra, quien no contaba con los votos para ser aprobada, ni cumple con las características que estipula la ley para ocupar la titularidad de la CNDH.

Una vez sometida la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sigue la joya de la corona, el Instituto Nacional Electoral. Esta sería la nueva gran victoria de López Obrador de cara a las siguientes elecciones, porque le permitiría afianzar el siguiente proceso.

Ya no podemos pensar con ingenuidad. El presidente López Obrador ha demostrado su interés por controlar los órganos autónomos y usarlos a su favor múltiples veces. Decir que usaría su poder sobre el INE en los próximos comicios no es una exageración, sino un pronóstico fundamentado en su actuar durante la actual administración. Suenan recortes de presupuesto, reducción de consejeros, y hasta la destitución del titular Lorenzo Córdova.

Ante lo planteado me surgen dos preguntas.

Si fueron capaces de violentar plenamente la ley para imponer a Rosario Piedra en la CNDH, ¿de qué más son capaces?

Y viendo la reacción de los mexicanos, ¿qué más vamos a aguantar?