SCJN atrae dos juicios por disputa de tierras del ejido de Chuburná en Mérida
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer dos juicios relacionados con la disputa por tierras del ejido de Chuburná, en Mérida, un conflicto que desde hace décadas enfrenta a particulares con integrantes de la comunidad agraria y que podría tener repercusiones para propietarios de diferentes zonas del norte de la capital yucateca.
Los asuntos llegaron al máximo tribunal después de que fueran admitidas las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción 727/2026 y 728/2026, promovidas por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. Los expedientes corresponden a dos juicios de amparo vinculados con el prolongado litigio sobre la propiedad de los terrenos.
Uno de los casos tiene como punto central la nulidad de un acta de asamblea relacionada con tierras del ejido de Chuburná. La importancia de la resolución radica en que el criterio que adopte la Suprema Corte podría influir en otros conflictos similares derivados de la expansión urbana de Mérida sobre superficies cuya propiedad ha sido reclamada tanto por particulares como por el núcleo ejidal.
Aunque la SCJN no ha precisado la ubicación exacta de los predios involucrados en estos dos asuntos, el conflicto agrario ha alcanzado durante años zonas como Vista Alegre, Los Pinos, Los Arcos y otros sectores del norte de Mérida. Por una parte, propietarios particulares sostienen que poseen documentación que acredita sus derechos sobre los terrenos; por otra, la comunidad de Chuburná argumenta que determinadas superficies forman parte de la propiedad social del ejido.
El origen de la controversia se remonta a 1925, cuando una resolución presidencial otorgó al ejido de Chuburná una superficie de 4 mil 248 hectáreas. Sin embargo, los registros territoriales posteriores reflejaron extensiones distintas. Entre 1929 y 1935, los planos oficiales llegaron a establecer una superficie de 5 mil 910 hectáreas, mientras que para 1994 el ejido aparecía registrado con 7 mil 240 hectáreas.
Dos años después, en 1996, fueron incorporadas otras mil 911 hectáreas en un proceso que posteriormente generó cuestionamientos relacionados con una asamblea ejidal. Estas diferencias entre las superficies reconocidas en distintas etapas forman parte de la compleja disputa jurídica que se ha extendido por décadas.
El crecimiento de Mérida también aumentó la relevancia del problema, debido a que terrenos vinculados históricamente con el ejido quedaron integrados dentro de zonas habitacionales. Esto provocó que familias que adquirieron propiedades en el norte de la ciudad quedaran involucradas, directa o indirectamente, en reclamaciones sobre la titularidad de los predios.
La controversia ha pasado por tribunales agrarios y federales a través de resoluciones, impugnaciones, recursos y juicios de amparo. La propia Suprema Corte ya había revisado en junio otros recursos relacionados con la restitución de tierras de Chuburná, por lo que los dos nuevos asuntos podrían adquirir especial relevancia jurídica.
Ahora corresponderá a la SCJN analizar los argumentos y antecedentes de ambos juicios. Las resoluciones no solamente podrían definir derechos sobre los terrenos específicamente involucrados, sino también establecer criterios que sirvan como referencia para futuras controversias entre propiedad privada y propiedad social en zonas que fueron absorbidas por el crecimiento urbano de Mérida.