SCJN decidirá el lunes si atrae el amparo del caso Radilla Pacheco, desaparecido en la guerra sucia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el próximo lunes si atrae el amparo en revisión promovido por Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, campesino guerrerense desaparecido el 25 de agosto de 1974 a manos de elementos del Ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la llamada guerra sucia.

La decisión importa porque, de atraer el asunto, el alto tribunal deberá fijar un criterio nacional sobre los límites de la autoridad judicial para ordenar acciones concretas de búsqueda e investigación cuando las autoridades incurren en omisiones, una cuestión sin respuesta definitiva en el derecho mexicano.

La solicitud de atracción, que asumió en 2024 la ministra Loretta Ortiz Ahlf, plantea determinar si constituyen violaciones graves a los derechos de búsqueda, verdad, acceso a la justicia y recurso efectivo, y qué medidas puede imponer un juez sin sustituir las facultades técnicas o discrecionales de autoridades ministeriales y administrativas. El pleno había pospuesto el análisis porque la Fiscalía General de la República (FGR) promovió un impedimento contra Ortiz, al alegar que una reunión previa con Tita Radilla y un mensaje en redes sociales sobre el caso evidenciaban parcialidad. El 21 de enero de 2026, el pleno declaró infundada esa recusación.

El caso tiene como antecedente directo una sentencia emitida en 2024 por la jueza de Distrito Karla Macías, quien ubicó la desaparición de Radilla en un contexto de «terrorismo de Estado» y ordenó a la FGR avanzar en las investigaciones, realizar acciones de búsqueda y adoptar medidas de memoria. Distintas autoridades impugnaron la resolución; el Segundo Tribunal Colegiado Penal de Guanajuato dejó sin efecto seis recursos y mantuvo únicamente los promovidos por dos ministerios públicos.

El fondo del asunto hunde sus raíces en la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) dictó en 2009, en la que declaró responsable al Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla y ordenó investigar y procesar a los responsables. Más de 51 años después de los hechos, ningún implicado ha sido llevado a juicio.

En 2011, al revisar el cumplimiento de ese fallo interamericano, la SCJN estableció tres criterios que siguen vigentes: las sentencias condenatorias de la Coridh son obligatorias para el Poder Judicial mexicano; los jueces deben ejercer de oficio el control de convencionalidad; y el fuero militar no puede operar ante violaciones a derechos humanos de civiles.

Si el pleno atrae el amparo el próximo lunes, deberá fijar la fecha para resolver el fondo, lo que convertiría al caso Radilla en el primer examen de la SCJN sobre las obligaciones judiciales de búsqueda derivadas de la sentencia interamericana de 2009, con efectos vinculantes para todos los jueces del país.