Sheinbaum firma decreto para publicar mensualmente los contratos del Gobierno federal
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este martes un decreto con el que el Gobierno federal busca ampliar la información pública disponible, actualizar mensualmente los contratos gubernamentales y fortalecer la transparencia en las operaciones de las filiales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que la disposición pretende fortalecer el principio de máxima publicidad establecido en el artículo 6 de la Constitución, el cual reconoce el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información.
Sheinbaum señaló que la información generada por las dependencias federales debe mantenerse al alcance de la ciudadanía y que su clasificación como reservada debe limitarse a situaciones justificadas.
“La esencia es hacer que toda la información que genera el Gobierno federal sea transparente”, afirmó la presidenta al presentar el decreto, que también busca definir con mayor precisión los casos en los que determinados documentos pueden permanecer temporalmente bajo reserva.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que uno de los principales cambios se relaciona con las contrataciones públicas. Actualmente, la información correspondiente debe actualizarse cada tres meses; sin embargo, con la nueva disposición, las instituciones federales tendrán que publicar sus contratos mensualmente.
La funcionaria explicó que la intención es mantener actualizados los datos sobre el ejercicio de los recursos públicos y permitir que la ciudadanía conozca de manera más oportuna qué dependencias realizan las contrataciones, cuáles son las empresas beneficiadas, los servicios adquiridos y los montos involucrados.
El decreto también contempla la apertura de información relacionada con las empresas filiales de Pemex y la CFE. Entre los documentos que deberán difundirse se encuentran sus estados financieros, estructuras de gobierno corporativo, políticas de operación, contratos e informes presentados ante autoridades o agencias extranjeras.
La medida resulta relevante debido a que algunas de estas empresas operan bajo figuras mercantiles que anteriormente dificultaban el acceso a determinados documentos. Con la nueva disposición, el Gobierno federal busca ampliar la información disponible sobre sus operaciones y el manejo de recursos vinculados con las empresas públicas del Estado.
Buenrostro Sánchez informó que también se publicarán más datos sobre los procesos de fiscalización, entre ellos el programa anual de auditorías, estadísticas de revisiones, seguimiento de observaciones y el padrón de despachos encargados de realizar auditorías externas.
Otro de los objetivos será reducir y simplificar las causas utilizadas para reservar información. La secretaria indicó que actualmente existen 17 fracciones relacionadas con la clasificación de documentos, las cuales pretenden concentrarse en criterios vinculados con el interés público y la seguridad nacional.
Incluso cuando parte de un documento deba permanecer protegida, las dependencias tendrán que elaborar versiones públicas en las que solamente se oculten los datos considerados confidenciales o reservados. De esta manera, la clasificación de una sección no impedirá que el resto de la información pueda ser consultada.
El decreto será publicado este 4 de agosto y sus disposiciones serán incorporadas posteriormente mediante reformas a la Ley General de Transparencia. Esto significa que la presidenta firmó inicialmente una disposición administrativa que servirá como base para realizar modificaciones legales posteriores.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también anunció que la Plataforma Nacional de Transparencia será actualizada para facilitar la consulta, descarga y análisis de los documentos públicos. La dependencia reconoció que el sistema presentó problemas de funcionamiento después de la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la transferencia de sus atribuciones.
De acuerdo con Buenrostro, en un plazo máximo de 30 días hábiles deberá incorporarse nueva información de interés público a la plataforma. El objetivo será ofrecer datos más completos, accesibles y actualizados sobre las operaciones del Gobierno federal.
La efectividad de las medidas dependerá de que las dependencias cumplan con las publicaciones mensuales, presenten documentos comprensibles y eviten utilizar de manera injustificada los criterios de reserva. La disponibilidad de información no solamente permitirá conocer cómo se utilizan los recursos públicos, sino que también facilitará la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas.