Sheinbaum firma iniciativa para homologar el feminicidio y elevar las penas hasta 70 años
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles 15 de julio la iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la cual se busca establecer una definición única de este crimen, homologar las sanciones y aplicar los mismos protocolos de investigación en las 32 entidades federativas.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación. Su presentación ocurre después de la reforma constitucional publicada el pasado 6 de mayo, mediante la cual se facultó al Poder Legislativo federal para expedir una legislación general en materia de feminicidio y establecer criterios obligatorios para todo el país.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que este delito representa una de las expresiones más graves de violencia y desigualdad. “El feminicidio es la peor forma de discriminación y trato indigno hacia una mujer, significa asesinarla por el solo hecho de ser mujer”, expresó la mandataria, quien aseguró que la nueva legislación pretende disminuir la impunidad y garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.
La iniciativa responde a las diferencias que actualmente existen entre las legislaciones estatales. Cada entidad cuenta con sus propios criterios para definir las razones de género, determinar las agravantes, establecer las penas y realizar las investigaciones. Esta diversidad normativa ha ocasionado que algunos casos sean clasificados incorrectamente, que no existan protocolos obligatorios en todo el territorio nacional y que la atención ofrecida a las víctimas indirectas y a sus familias sea desigual.
El proyecto propone un tipo penal único, bajo el cual cometerá feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Para acreditar este delito se contemplan diez circunstancias, entre ellas la presencia de signos de violencia sexual, los antecedentes de agresiones contra la víctima, la existencia de amenazas, las relaciones de poder o subordinación y los delitos motivados por prejuicios o estereotipos de género.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la homologación de las sanciones. La pena por feminicidio sería de entre 50 y 70 años de prisión en cualquier entidad del país. También se contemplan 19 agravantes que podrían incrementar el castigo cuando la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
Las agravantes también se aplicarían cuando el crimen sea cometido mediante el uso de ácido, sustancias corrosivas o materiales inflamables, así como cuando el responsable sea un servidor público que utilice su cargo, recursos o conocimientos para cometer el delito u obstaculizar las investigaciones.
La tentativa de feminicidio también recibiría un tratamiento específico. En estos casos, la iniciativa plantea penas equivalentes a entre la mitad y las dos terceras partes de la sanción prevista para el delito consumado. Con ello se busca impedir que agresiones potencialmente mortales sean clasificadas como lesiones menores y garantizar una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos.
Asimismo, la propuesta establece que el feminicidio será un delito imprescriptible. Esto significa que el paso del tiempo no eliminará la posibilidad de investigar, detener y procesar a una persona presuntamente responsable. Tampoco prescribiría la obligación de reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas indirectas.
Entre las sanciones adicionales se encuentra la pérdida de la patria potestad, la tutela, la curatela, la guarda y custodia y los derechos sucesorios relacionados con la víctima. Cuando el responsable sea un funcionario, también podría ser destituido e inhabilitado para ocupar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público.
La legislación pretende homologar los procedimientos utilizados por ministerios públicos, policías de investigación, especialistas forenses e instituciones de atención a víctimas. Uno de sus objetivos es garantizar que las muertes violentas de mujeres sean investigadas desde el comienzo con perspectiva de género y bajo la posible hipótesis de feminicidio, evitando que los hechos sean catalogados prematuramente como accidentes, suicidios u homicidios sin razones de género.
La iniciativa también busca fortalecer la coordinación entre las autoridades de seguridad, las fiscalías, los servicios periciales y las instituciones encargadas de proteger a las víctimas. Además de la sanción penal, el proyecto contempla mecanismos de prevención, recopilación de información, identificación de contextos de riesgo y reparación del daño para familiares, hijas, hijos y demás personas afectadas.
Una vez enviada al Congreso de la Unión, la iniciativa deberá ser discutida por las cámaras de Diputados y Senadores. En caso de ser aprobada, las entidades federativas tendrán que armonizar sus códigos y procedimientos con la nueva ley general, de manera que la investigación y sanción del feminicidio deje de depender del estado en el que ocurra el delito.
La homologación legislativa representa un avance en la construcción de criterios nacionales, aunque su eficacia dependerá de la preparación de las fiscalías, la disponibilidad de recursos, la actuación inmediata de las autoridades y la correcta aplicación de los protocolos. La aprobación de una ley general podría cerrar vacíos jurídicos, pero el principal desafío será convertir sus disposiciones en investigaciones eficientes, sentencias firmes y una atención digna para las víctimas y sus familias.