Sheinbaum rechaza acusaciones de la DEA y le pide atender el narcotráfico en Estados Unidos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó los señalamientos del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terrance Cole, quien afirmó que existe una presunta relación entre las redes de los cárteles del narcotráfico y el Gobierno de México.
Durante su conferencia de prensa de este miércoles 15 de julio, la mandataria calificó las declaraciones del funcionario estadounidense como desafortunadas y carentes de elementos que permitan sostener una acusación de esa magnitud.
“Parece más una declaración política que una sustentada en pruebas”, señaló Sheinbaum, quien consideró que la agencia estadounidense debería concentrar sus esfuerzos en combatir la distribución de drogas, el lavado de dinero y las redes criminales que operan dentro de su propio territorio.
“La DEA tiene mucho trabajo en Estados Unidos y debería dedicarse a ello”, expresó la presidenta, al recordar que ese país representa el mercado de drogas ilícitas más grande del mundo y enfrenta una grave crisis relacionada con el consumo de fentanilo y otras sustancias.
La controversia comenzó después de que Terrance Cole participara el 13 de julio en la primera Cumbre por una América Libre de Fentanilo, realizada en Orlando, Florida. Durante su intervención, el titular de la DEA aseguró que la agencia utilizaría todos sus recursos contra los cárteles, distribuidores, proveedores de sustancias químicas, lavadores de dinero y demás personas involucradas en el tráfico de narcóticos.
Cole afirmó que este combate también contemplaba lo que describió como “la conexión mortal entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano”. Posteriormente, sostuvo que ambas estructuras “son una misma cosa” y representan la principal prioridad de la agencia estadounidense.
Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata del Gabinete de Seguridad de México, que rechazó categóricamente cualquier acusación generalizada sobre una supuesta relación entre las autoridades federales y las organizaciones criminales.
En un posicionamiento conjunto, las dependencias mexicanas aseguraron que las afirmaciones del director de la DEA “carecen de sustento” y no corresponden con los resultados públicos y verificables obtenidos durante la actual administración en el combate al crimen organizado.
Como parte de su respuesta, el Gobierno federal informó que, desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, y hasta el 30 de junio de 2026, fueron detenidas 59 mil 582 personas presuntamente relacionadas con delitos de alto impacto.
Durante el mismo periodo, las autoridades aseguraron 31 mil 366 armas de fuego y cerca de 499 toneladas de diferentes drogas. Entre los narcóticos decomisados se encuentran 2 mil 363 kilogramos de fentanilo y más de 5.5 millones de pastillas elaboradas con esta sustancia.
El Gobierno mexicano también reportó la inhabilitación de 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas utilizadas para la elaboración de metanfetaminas. Además, destacó que más de 80 funcionarios y exfuncionarios han sido detenidos por su presunta participación en actividades ilícitas, entre ellos siete presidentes municipales que se encontraban en funciones.
Las autoridades federales sostuvieron que estos resultados demuestran que la estrategia de seguridad no protege a ningún grupo delictivo ni distingue entre organizaciones criminales. Señalaron que las acciones se realizan mediante labores de inteligencia, investigaciones financieras, operativos coordinados y detenciones fundamentadas en órdenes judiciales.
Pese al intercambio de acusaciones, el Gobierno de México reiteró su disposición para mantener la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al tráfico de drogas, siempre que dicha cooperación se desarrolle dentro del marco legal y respete la soberanía nacional.
El pronunciamiento de Sheinbaum representa una nueva defensa de la actuación de las instituciones mexicanas frente a los señalamientos provenientes de Washington. Al mismo tiempo, coloca nuevamente en el centro del debate la responsabilidad compartida de ambos países ante un fenómeno que incluye la producción y el traslado de drogas, pero también su distribución, consumo, comercialización y lavado de ganancias dentro de Estados Unidos.
La mandataria insistió en que cualquier acusación contra el Gobierno mexicano debe estar acompañada de pruebas y mecanismos institucionales de cooperación. De lo contrario, advirtió, este tipo de declaraciones corren el riesgo de politizar la relación bilateral y dificultar las acciones conjuntas necesarias para enfrentar a las organizaciones criminales.