Sociedad civil e IP confirman asistencia a diálogo de Nicaragua

MANAGUA.

Representantes de la sociedad civil y del sector privado de Nicaragua expresaron este lunes su "anuencia" para "asistir al diálogo nacional" que se prevé inicie el próximo miércoles como vía para superar la crisis que ha dejado al menos 54 muertos en el país, aunque coincidieron en que las circunstancias para esas discusiones no son las idóneas.

Así lo expresaron en un comunicado una veintena de representantes de organismos como la patronal nicaragüense COSEP, la Cámara de Comercio Americana (Amcham), de colectivos de estudiantes universitarios, campesinos y de la Fundación Nicaraguense para el desarrollo social y económico (Funides), entre otros.

Tengan la seguridad que vamos a defender nuestros derechos y exhortamos a seguir en la lucha pacífica hasta que veamos cumplidas las demandas del pueblo nicaragüense", indicaron las organizaciones, que exigieron el cese de los ataques y la represión por parte de los grupos paramilitares del Gobierno.

El comunicado conjunto fue difundido en una comparecencia pública de estos representantes, entre ellos el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (Cosep), José Adán Aguerri, y la presidenta de la Cámara de Comercio Americana (Amcham), María Nelly Rivas, quienes no hicieron declaraciones.

El director de Funides, Juan Sebastián Chamorro, explicó que "las condiciones no están dadas, porque se está dando represión en algunos puntos del país, pero vamos al diálogo nacional para hablar de este tema y exigir que cese la represión".

El presidente de la Conferencia Episcopal, Leopoldo Brenes, estableció este lunes que el próximo miércoles a las 10.00 hora local (16.00 GMT) dará inicio la mesa de diálogo nacional para poner fin a la crisis de Nicaragua.

Ello "después de escuchar el clamor de un gran mayoría (...) conscientes de la gravedad de la situación" y de que las "circunstancias para dicho diálogo no son las más idóneas", dijo Brenes.

Una de las condiciones establecidas por los obispos para iniciar el diálogo era al cese de la represión, pero hasta ahora continúan los ataques a manifestantes por parte del Gobierno.

Este mismo lunes, los estudiantes universitarios denunciaron que en la madrugada seis de ellos resultaron heridos de bala en un nuevo enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional que junto con simpatizantes sandinistas atacaron a los jóvenes atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).

Los estudiantes universitarios son la cara más visible de las protestas, que han encontrado apoyo en numerosos sectores de la sociedad nicaragüense y que han dejado entre 54 y los 65 muertos y más que 500 heridos, al menos dos centenares por balas, según organizaciones humanitarias.

Los representantes de la sociedad civil y de los diferentes gremios confirmaron este lunes que no aceptarán ningún chantaje ni intenciones que ablanden su posicionamiento.

Entre las exigencias que plantearán en el diálogo está la democratización y la independencia de los Poderes del Estado para evitar un Gobierno con características dictatoriales, así como la justicia para las víctimas mortales en las protestas.

Es importante tener esa independencia del Consejo Supremo Electoral, obviamente la protección física (de los manifestantes) y llevar a la justicia a quienes cometieron esos crímenes", dijo Chamorro.

Los representantes también hicieron un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para actuar a la mayor brevedad posible, dada la gravedad de la crisis en Nicaragua.

La CIDH viene en una situación de extrema emergencia y seguramente va a responder frente a esa naturaleza", dijo la representante de la sociedad civil, Azalea Solís.

El Gobierno de Nicaragua autorizó este lunes a la CIDH a realizar una visita de trabajo para observar la situación en el país, uno de los principales requerimientos que habían solicitado los obispos al Gobierno para poder convocar el diálogo.

Nicaragua atraviesa una crisis que cumplió este lunes 27 días con multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente del país, Daniel Ortega, que iniciaron con protestas en contra de unas reformas a la seguridad social, que fue derogada, y que continuaron debido a las víctimas mortales de los actos represivos.

klt