Teqroo revoca acuerdos de Morena por fallas en el análisis de quejas contra Eugenio Segura Vázquez
El pleno también halló violencia política de género en un caso distinto y ordenó disculpa pública y curso obligatorio al sancionado.
El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) revocó el viernes varios acuerdos de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por deficiencias en el análisis de quejas contra Eugenio Segura Vázquez, y ordenó emitir nuevas resoluciones debidamente fundadas y motivadas.
La decisión obliga al órgano intrapartidista a revisar de nueva cuenta procesos internos que podrían incidir en la definición de candidaturas de Morena en Quintana Roo, al evidenciar que las determinaciones previas carecían de un análisis individual de los hechos y elementos presentados por los inconformes.
En sesión nocturna, el pleno del Teqroo resolvió los juicios electorales 59, 58 y 71, promovidos por Erikc Sánchez Córdova, además del juicio de la ciudadanía 34/2026, presentado por Fiany Yajayra Ajanel Alejo, quienes impugnaron las determinaciones de la comisión de honestidad de Morena.
En los juicios electorales 57 y 70/2026, también impulsados por Sánchez Córdova, el tribunal revocó acuerdos relacionados con quejas contra Ana Patricia Peralta de la Peña y Segura Vázquez por presuntos actos de posicionamiento político, y ordenó a la instancia partidista emitir nuevas resoluciones.
En contraste, en el juicio electoral 68/2026, promovido por Rafael Fernando Marín Mollinedo, el pleno confirmó el acuerdo del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) que declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el presunto uso no autorizado de su nombre e imagen en un grupo de Facebook.
En un expediente distinto, el Procedimiento Especial Sancionador 2/2026, el pleno determinó la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género por expresiones de un periodista contra una ciudadana difundidas en Facebook, al reproducir estereotipos que demeritaron su trayectoria política.
El tribunal impuso una amonestación pública, una disculpa pública, la inscripción del sancionado en los registros nacional y estatal de personas responsables de este tipo de violencia, y la obligación de tomar un curso especializado en la materia.